Rodríguez ordenó despedir a 30 personas por si eran del PP y poner «a los suyos»

Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación entre 2015 y 2018 y actual alcalde de Ontinyent, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Él, sus más estrechos colaboradores durante su etapa en presidencia de la corporación provincial, los exgerentes de Divalterra -la empresa heredera de la vieja Imelsa- y los altos cargos nombrados por estos al margen de la ley. Así lo recoge el auto de incoación de procedicmiento abreviado, equivalente al procesamiento, dictado este miércoles por el titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia. La investigación judicial asume el criterio de la fiscalía anticorrupción respecto a los supuestos delitos de prevaricación y malversación cometidos en los nombramientos de esos altos directivos ·basados en el clientelismo político o de conveniencia- y que habría generado un agujero financiero a esa empresa de 1.122.095,80 euros.

El auto propone investigar a un total de 15 personas. La investigación se remonta a la etapa de Rodríguez, entonces uno de los dirigentes socialistas de más proyección, al frente de la corporación provincial. En el auto se relata la múltiple designación de altos cargos en Divaltrerra pese a que estos carecían «de los necesarios poderes efectivos de dirección de la empresa». Contratos de alta dirección que conllevaron una desviación de fondos públicos «que de haber permanecido los puestos contratados a lo largo de la legislatura hubieran ascendido a una cantidad cercana a los 2 millones de euros».

El titular del juzgado de instrucción número 9 remarca que los tres primeros nombramientos en Imelsa -Tiller, Brines y el jefe de los servicios juridicos José Luis Vera- sí cumplían con las características requeridas a un alto directivo. No así los nombrados posteriormente, cuando la empresa pasa de un directivo a 10, con contratados que ocupan «un cargo ficticio, simulado, al que acceden por pactos políticos de reparto de puestos (...) de pertenencia o simpatía respecto de un partido». En su relato, repaso el reparto de cargos entre PSPV y Compromís, que «evidentemente no se corresponde con la búsqueda de dotar a la sociedad de una estruictura profesional, sino de alcanzar unmos presuntos intereses políticos».

El auto alerta de que los nombramientos se llevaron a cabo antes de que la Diputación aprobara la clasificación de sus empresas, requsito obligado desde 2012 y que condicionaba el número de altos cargos y sus remuneraciones. Vera alerta de esa circunstancia, pero no es hasta un año más tarde -septiembre de 2016- cuando se aprueba una clasificación como categoría I, la más alta. La Agencia Tributaria, tiempo después, confirma que Divalterra debió de ser clasificada como de categoría 2. En su declaración, Tiller y Brines confirman que los nombramientos vienen «predeterminados desde la Diputación». Nombramientos que vulneranm el Estatuto del Empleado Público y los principios de igualdad, mérito, capacidad y profesionalidad que deben regir en estos procesos.

El titular del juzgado de instrucción número 9 subraya que otro exgerente de Imelsa, Víctor Sahuquillo -destituido tras pasar a cargo de la empresas gastos particulares de bebidas alcohólicas- ya había advertido a Rodríguez de la situación de la empresa y de que los nombramientos que se habían realizado deberían haber sido cubiertos por concurso de libre concurrencia, en lugar de por cargos de partido. «Es un problema, máxime cuando está a punto de abrirse la causa de las contrataciones, enchufismo y zombis en Imelsa», decía Sahuquillo, que en otro momento añade que la empresa no puede «hacer las mismas cosas que hacía la anterior corporación».

La carta de Sahuquillo permite concluir al juez el «cabal y completo conocimiento» de la situación por parte de Rodríguez de lo que ocurría en Divalterra. No sólo eso, tras ese aviso aún se producen dos nuevos nombramientos. Una «huida hacia adelante», según recoge el auto a pesar de los numerosos informes jurídicos solicitados en los que se constataba la irregularidad de estos hechos.

El auto remarca también cómo Brines, una de las gerentes, argumenta en una ocasión que hay que despedir a 30 personas de Divalterra «por orden del presidente», y que ahora «tenía que poner a los suyos».