La jueza de la causa de los zombis salpica a Rosa Pérez

El impulso de una investigación judicial sobre contrataciones irregulares en Divalterra, los conocidos como zombies que cobraban pese a no trabajar o de asesores que en realidad realizaban labores para sus partidos salpica de nuevo a Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia.

La responsable declaró en su día ante la Guardia Civil como investigada por la contratación de un asesor. Sin embargo, esa imputación policial nunca se materializó en una resolución judicial. Nunca se le citó a declarar.

Ahora, casi cinco años después y con las consecuencias penales aún vigentes, la jueza sustituta ha retomado la causa con nuevas imputaciones de asesores. En el mismo auto, recoge los nombres de responsables que impulsaron esas incorporaciones, como Emili Altur, José Manuel Orengo y la consellera, entonces diputada, Rosa Pérez. No decreta el sobreseimiento respecto a esos altos cargos sino que los mantiene dentro de la investigación y con la condición de investigados, según se desprende de la decisión judicial. Sin embargo, este juzgado nunca podría actuar contra la consellera porque es aforada. En el caso que tras las averiguaciones, persistan los indicios de delito, el asunto debería trasladarse al TSJ.

El auto cita a declarar en calidad de investigados a un total de diez personas. Entre ellas, a José Ramón Tiller, el que fuera primer gerente de Imelsa con la llegada de Jorge Rodríguez a la presidenta de la Diputación. Junto a él, otras nueve personas que en su día fueron asesores de los grupos políticos en la corporación provincial o en la propia empresa de la Diputación –sin adscripción directa a ningún partido–. La juez explica en el auto que quiere que la entidad que ahora preside Toni Gaspar le aclare precisamente estas circunstancias. Que le indique si esos nombres eran asesores de grupos políticos o de la empresa provincial, qué emolumentos percibieron y que le detalle el número, características y retribuciones del personal eventual durante el periodo comprendido entre 2008 y 2015.

De hecho, es aquí cuando se cita a la consellera. El auto recuerda que en el atestado policial constan tres consejeros, la exconsellera, el exnúmero tres del PSPV José Manuel Orengo y Emili Altur (Compromís) «a los que siendo investigados policialmente, no se ha adoptado ninguna resolución judicial». Y añade: «Dichos investigados en el atestado lo son en correlación a las personas contratadas y que se han indicado». El auto por tanto no modifica la situación de la titular de Transparencia, ni en un sentido ni en el otro.

En enero de 2017 la Audiencia de Valencia ya puso el foco en Pérez al decidir expulsarla como acusación popular. Pérez, que denunció el caso a la Fiscalía Anticorrupción tras recibir las grabaciones del exsuegro de Marcos Benavent, se vio salpìcada tras declarar ante la Guardia Civil como investigada por la supuesta contratación de asesores. Una declaración como investigada policialmente que no ha llegado a traducirse en imputación judicial.

Pérez Garijo calificó aquella de decisión judicial de apartarla como acusación popular de nueva «traba» para que no pueda ejercer la acusación. «El caso Taula no existiría de no ser por el gran trabajo de denuncia que hizo Esquerra Unida y que cristalizó en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción», recoge un comunicado de la formación política.