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El PP acumula días de buenas noticias. Al primer gol de Mazón en el Parlamento -dio una plaza en la Mesa a Compromís y evidenció ... las diferencias en la izquierda- se le suma ahora la decisión judicial que le ratifica como primera acusación popular en la trama de Azud. Un éxito de cara a rentabilizar políticamente la investigación.
Las pesquisas judiciales analizan la financiación ilegal del PSPV en las campañas de 2007 y 2008 y la supuesta existencia de una caja B de los socialistas en una trama más amplia de cobro de comisiones por parte de dirigentes del PP y del PSPV.
La titular de Instrucción 13 de Valencia ha aceptado la personación de Acción Cívica como acusación popular, una entidad que lucha contra la corrupción. Las defensas plantearon problemas a la incorporación de la organización porque Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, fue uno de los socios fundadores de Acción Cívica. Y ahora la Agencia se ha convertido en perito en esta causa por designación judicial.
Una supuesta incompatibilidad -alegaron los letrados- que la instructora rechaza porque Llinares se dio de baja hace años. Además, recalca que los peritos «son funcionarios de quienes no se puede poner en duda su imparcialidad» y no le deben su plaza al propio Llinares.
La juez impone una fianza de 1.000 euros -frente a los 10.000 que decretó en su día para el PP y Vox- pero lo más significativo es que les obliga a estar bajo las órdenes de los populares, tal y como ocurrió en su momento con el partido de Abascal.
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No obstante, esta decisión está recurrida a la Audiencia Provincial. La formación de derecha populista buscó el amparo de la Sala ya que no quiere estar ligado a la otra acusación pese a que todos ellos, en teoría, compartan los mismos fines. En este sentido, la instructora fue muy crítica con las dos formaciones. En su momento, aprovechó para criticar la actuación de ambas fuerzas políticas. «Ninguno de los partidos ha intentado personarse, por lo menos desde el levantamiento del secreto, personándose en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones».
También tuvo reproches para la actuación de los populares. El partido, en su escrito, no aclaraba los motivos que le llevaban a solicitar la personación. La instructora citaba un teletipo de la agencia EFE que recogía las explicaciones de Carlos Mazón que se limitaron, en aquel momento, a su intención «de conocer la verdad» porque supuestamente hay «decenas de millones de euros cobrados en comisiones por parte del partido socialista».
Si esa es la causa o razón de su personación -incidía la jueza- desde luego nada tiene que ver con la instrucción de la presente causa cuyos hechos «penalmente relevantes se encuentran fijados y a ellos habrá que atenerse, pues en este punto ninguna desviación se va a permitir cuando el Ministerio Fiscal está ejercitando el «ius puniendi» del Estado cumpliendo las obligaciones inherentes a su cargo».
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