Una confesión de los Cotino en el caso Zaplana puede librarles de la cárcel

La jueza y el fiscal Anticorrupción dieron ayer un nuevo impulso a las pesquisas del caso Erial con la citación de buena parte de los investigados que quedaban por declarar. Entre ellos destaca el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y los empresarios Juan Cotino y Vicente Cotino, dueño de Sedesa. La firma familiar se vio notablemente beneficiada con el amaño de las adjudicaciones que promovieron desde la cúpula de la Generalitat. Hoy en día, en el estado actual de la causa, a los dos Cotino sólo se les imputaría un delito de cohecho. Con el Código Penal vigente en el momento de los hechos (2005-2006), la pena se situaría entre los dos y los seis años. Otros ilícitos como el de organización criminal o el blanqueo de capitales, al parecer, serían imputables al resto de investigados, según apuntaron fuentes judiciales.

Un reconocimiento de los hechos con la confesión de que fue el propio presidente de la Generalitat el que les demandó el dinero a cambio de beneficiarles con la adjudicación rebajaría la pena en un grado. Esto dejaría el castigo en la horquilla de uno a dos años. Y todo esto, dependiendo de su grado de colaboración con la Justicia y la atenuante de la confesión, todavía podía dejar el castigo en menor entidad. Todo esto siempre según el esquema de acusación que se baraja en este momento y al margen de otras condenas o procesos judiciales abiertos como el que tiene Juan Cotino con la visita del Papa a Valencia.

El entramado financiero diseñado por el abogado uruguayo Fernando Belhot contaba con cerca de una veintena de sociedades donde transferían los fondos de procedencia ilícita y a través de un sistema de agentes de cambio, personas que entregan el dinero en el país convenido sin que el efectivo viaje realmente. Esto ocurría en España y era la secretaria del exministro, Mitsuoko Henríquez, la que recibía el efectivo. Se desconoce el lugar de estos intercambios.

La confesión de Belhot arruinó la estrategia defensiva del expresidente que sostenía que nunca había tenido fondos en el extranjero. Su hija, María Zaplana, investigada en la causa junto a su marido por el pago del alquiler en Valencia, aseguró ayer en redes sociales que el contenido del sumario está todavía «por demostrar». Ella tendrá que declarar en el mes de abril. También está citada su madre y su marido. A la delación del experto financiero se suma también la colaboración con la Justicia de Beatriz Paesa que gestionó la primera sociedad de Luxemburgo.

El sumario Erial ha sacado a la luz numerosas operaciones con las que Zaplana y sus testaferros trataban de sacar rédito al dinero. Desde la compra de terrenos en Panamá, las inversiones en National Geographic, la posibilidad de comprar inmuebles en Zaragoza y el negocio de un producto de limpieza que junto a Ignacio González pretendían colocar a Aguas de Barcelona. De igual modo, planeaban la compra de parte de la sociedad que controla el puerto de Altea.

Francisco Grau, asesor de Zaplana, no estaba cómodo con la llegada a la organización de Belhot, que fuera este quien empezara a manejar los hilos del entramado. Con anterioridad, él diseñaba la operativa como cuando planeó la entrega de 540.000 euros en efectivo a cambio de hacer unas transferencias por el mismo importe en Andorra en la cuenta de la empresa, una mercantil de Alicante. Un trabajador de la firma ha reconocido esta operativa, conocida como blanqueo de compensación. Este fue el método que Barceló utilizó durante años para llevar cerca de cinco millones de euros al país vecino, pero en este caso con la ayuda de la propia entidad bancaria, investigada por blanqueo.

La causa ha salpicado también a la que fuera alto cargo de Presidencia en la época de Eduardo Zaplana y exdirectora de Canal 9, Genoveva Reig, que se negó a recibir un requerimiento judicial que le pretendía entregar la UCO. Esta petición estaría relacionada con la facturación de una mercantil de Reig al jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, que también se embolsó cerca de dos millones de euros.