Un testaferro y un empresario admiten la trama de desvío de dinero de Imelsa a Benavent

Benavent ha acentuado su perfil más serio, alejado de los shows mediáticos de otras épocas. Con la barba perfilada y más delgado, el yonki del dinero ha dejado atrás su estética hippie. Apostó incluso por un chaleco, prenda de moda esta primavera. Ahora se muestra incluso arrepentido de su hipotética lucha contra la corrupción. "Esto no se lo deseo a nadie. Familias destrozadas, empresarios arruinados y gente suicidada", ha lamentado. "El miércoles -día de su declaración- empezaréis a saber cosas", ha pronosticado.

De momento, el juicio ha arrancado con buenas sensaciones para Anticorrupción. La Sala ha frenado el intento del letrado de Benavent de 'cargarse' parte del sumario, en concreto, las grabaciones que dieron lugar a la macrocausa. Y, a continuación, se han materializado dos conformidades, acusados que han decidido reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena. No será hasta el final del juicio cuando se conozca el detalle del pacto.

El primero en declarar fue el testaferro José Estarlich, antiguo amigo de Benavent y enemigo en la actualidad. No se hablan después de todo el embrollo judicial. El acusado había llegado previamente a un pacto con la Fiscalía. "Acudí a declarar cuando la causa estaba aún secreta. Buscaba dejar de hacer las cosas mal y que no siguiera así mi vida", ha admitido. En 2009 conoció a Marcos Benavent. Su mujer era secretaria del también gerente de Imelsa, lo que facilitó la relación. Estarlich atravesaba una mala situación económica y Benavent le "echó un cable".

De hecho, le puso un sueldo en Imelsa, uno más de los conocidos como zombies. "Me propuso ser gerente de Berceo y de Spartaki. Me dijo que era para ayudarle, que él no podía figurar en esas empresas por tener un cargo público". A continuación, se cursaban facturas a Imelsa por parte de las mercantiles para saquear los fondos públicos. "Buscábamos empresas para que hicieran simulaciones de trabajos y luego se facturaba a Berceo", ha reconocido.

"Nunca hubo control por parte de Imelsa". En total, 172.000 euros se distrajeron de esta forma. Parte de ese dinero se destinó a un apartamento en Xàbia. "Era un adosado de otro que ya tenía él. Se hizo un préstamo con Berceo y se iba pagando poco a poco". En 2015 se vendieron ante la imposibilidad de seguir sufragando las cuotas. Benavent ya no trabajaba en Imelsa.

La otra buena noticia llegó de un empresario, Francisco Javier Márquez. "Nos contacta García Barat -era el socio de Benavent- y nos pide un presupuesto para el MuVim". El trabajo real fue de 30.000 euros. "Se facturaron 15.000 euros a Thematica". Pero luego, al parecer, ya no nos podía pagar directamente. "Nos dijo que lo haría Imelsa, que le pusiéramos la mitad más IVA, pero que metiéramos también un extra y luego ya nos los facturaría él a nosotros".

El abogado de Benavent, como era previsible, había apuntado previamente a las nulidades. El fiscal, en un intento de adelantarse al movimiento, ya había pedido la comparecencia del suegro de Benavent para ratificar que los audios no fueron manipulados. Este hombre, Mariano López, guardó durante años en su casa las grabaciones que Benavent hizo de altos cargos populares. Eran su coartada en caso de que la situación, como así ha sido, se complicara.

La defensa del exgerente planteó la nulidad de las actuaciones. En concreto, las transcripciones de los audios que no han sido respaldadas por el secretario judicial. «Se deben excluir de las pruebas». Ahondó en esta línea, con los informes de Inteligencia. «Se ignoran si se han respetado las garantías de los derechos fundamentales». En definitiva, ha señalado la existencia de dos memorias digitales, una del suegro y otra de Rosa Pérez, la denunciante de Esquerra Unida y hoy consellera de Transparencia. Pero que el juez sólo autoriza el volcado de una de ellas y del ordenador. «No se sabe cuál se autoriza. Ese es el debate». Todo este problema, según la defensa, ya ha sido propuesto en el juzgado de Instrucción 18. «La causa se alimenta de una prueba que no sabemos si es legítima». El abogado concluyó en la necesidad de anular esta parte o incluso devolver la causa al juzgado para una instrucción suplementaria.

El letrado ha vuelto a poner en cuestión el registro del despacho del anterior abogado de Benavent y la intervención de una serie de números de teléfono. «No consta todo lo anterior al auto, que es la génesis de todo este procedimiento». Ha insistido en que se ignora el control judicial del pendrive y su incorporación al procedimiento. «Cómo una persona ajena al procedimiento incorpora una prueba a las diligencias», en referencia a los audios que el suegro y la diputada Pérez llevaron en su día a Anticorrupción.

La mayoría de los abogados se han sumado a esta tesis, entre ellos el del exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina. La defensa del excargo popular ha aportado, además, documentación de una cuenta bancaria que demostrarían, según su tesis, que los actos electorales los pagaron los concejales del partido y no la empresa de Benavent.

El fiscal, en cambio, ha subrayado el respeto de la cadena de custodia. "El pendrive fue precintado y eso luego es lo que se entregó al juzgado y luego transcrito". En la primera manifestación, Benavent mantuvo que los audios eran suyos y que no estaban manipulados, ha recordado el fiscal. "No entiendo qué estrategia es esta de la defensa", ha reflexionado. Anticorrupción ha sido muy clara: "Sólo hay un pendrive que es el que se registra y el que está en la cadena de custodia. Estos juegos malabares y sospechas no tienen justificación". De igual modo, ha señalado que el suegro llevó las grabaciones que el propio Benavent había dejado en su domicilio. "Qué intromisión hay ahí", ha reflexionado.

La Sala ha decidido mantener las grabaciones dentro de la causa. "No es ahora el momento oportuno para hacerlo -pronunciarse sobre ellas- con independencia de la valoración que se haga luego", han resuelto tras una breve deliberación.

La causa pivota alrededor de Thematica, la firma controlada en la sombra por Benavent. De nuevo, el PP, como partido político, aparece salpicado. La empresa supuestamente corrió con gastos de actos electorales del PP -será responsable civil subsidiario- de Moncada, el municipio del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina y de la campaña de Vicente Betoret en Vilamarxant.

La responsabilidad de este último está prescrita, pero a Medina le piden cinco años de cárcel. Además, en esta misma pieza se investiga el desvío de fondos de un evento del MuVim. El exgerente de Imelsa logró apropiarse para su beneficio unos 136.000 euros de un espectáculo que montó para la sala que gestiona la Diputación de Valencia.