Llinares pide inhabilitar seis años a las funcionarias a las que acusa de filtrar datos de los casos de acoso sexual

La Federación de Servicios Públicos de UGT ya ha denunciado que la situación de las dos funcionarias refleja una «persecución sindical» en el marco de un ambiente de trabajo que genera «malestar (...) por situaciones que rayan el acoso laboral». Llinares, además de pretender inhabilitar a las funcionarias durante años, puso en marcha a finales de julio y principios de agosto una serie de «medidas cautelares» consistentes en apartarlas de su puesto de trabajo durante medio año. Esta sanción inicial, en el caso de una de ellas ya ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Una decisión de las magistradas de la Sala de lo Contencioso Administrativo que, además, contó con el pronunciamiento a favor del Ministerio Fiscal. La defensa de la funcionaria alegó que, de seguir adelante el proceso sancionador, supondría «la muerte civil/administrativa para la funcionaria». Aquello de saber cómo empieza algo pero no tener claro cómo va a acabar se cumple de manera paradójica en este caso con la Agencia Antifraude.

Todo nace de un estudio preliminar con el fin de confeccionar el Plan de Igualdad de la Agencia, un proceso que arrancó en febrero de este año y finalizó en mayo. Y acabó con una preocupante sorpresa y datos muy inquietantes. Surgieron dos casos anónimos de acoso sexual entre las empleadas. Se desveló que recibieron correos indeseados de alguien de la plantilla con contenido sexual inapropiado. Además, de la encuesta realizada entre los miembros de la plantilla (no llegan al medio centenar, la mayoría mujeres) se extrajo el dato de que más de la mitad de las funcionarias desconfían de que la propia agencia realizase un trabajo eficaz en potenciales casos de acoso sexual. Como si Llinares quisiera darle la razón a las sospechas de sus funcionarias, la supuesta investigación que anunció a principios de julio el director del organismo de esos supuestos acosos derivó un mes después en sendos expedientes contra otras dos funcionarias, a las que el director de la Agencia les acusa de filtrar datos vinculados al informe que desvela el turbio incidente. Llinares les abre un expediente disciplinario y las acusa de filtrar secretos y correos electrónicos como el de uno de sus directivos, que frente al comunicado de los delegados sindicales de la AVAF exigiendo el esclarecimiento de toda esa situación replicó considerando que se trataba de unas exigencias desafortunadas, incorrectas, injustas y se dedicó a desplegar alabanzas y agradecimientos a Llinares, su jefe.

La información de LAS PROVINCIAS (que Llinares cita expresamente) donde se constataba el malestar interno, el enfrentamiento y las críticas entre los delegados de personal y la dirección de la Agencia ha sido interpretada por Llinares como una revelación de secretos. En su resolución contra la funcionaria destaca «la especial trascendencia del secreto y de la confidencialidad de todas las actuaciones de la Agencia». El responsable del organismo se ha embarcado en un proceso que el sindicato UGT descalifica por su exceso de celo, al querer equiparar un comunicado de los delegados del personal de Antifraude con las investigaciones confidenciales que la Agencia realiza sobre diversos temas.

La Federación de Servicios Públicos del sindicato señaló el jueves que considera «inaceptable la manera de proceder» de Llinares «que en lugar de velar por las condiciones de trabajo de la plantilla, ha optado por una suerte de persecución sindical al abrir injustamente expediente disciplinario y dejar sin empleo y sueldo a dos trabajadoras; una de ellas delegada sindical de nuestra organización y la otra, afiliada». El TSJ ha admitido una denuncia por derechos fundamentales contra la Agencia al considerar una posible violación de la libertad sindical. UGT aclaró que «ante la gravedad de lo que ocurre dentro de la Agencia y ante la falta de respuesta del director respecto al informe (donde se advertía del acoso sexual), el sindicato quiso trasladar a la opinión pública y denunciar lo que estaba ocurriendo. Es inaudito el expediente a dos trabajadoras que no participaron (...) de esa denuncia pública. Llinares les acusa de no sabemos qué filtración».

La Agencia alegó que «la suspensión resulta indispensable (...) para garantizar la normalidad del servicio público (...) por las especiales y sensibles materias que trata la Agencia» precisa de «la reserva máxima para evitar filtraciones de datos como el acontecido». La resolución de Llinares incluía tanto la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses como el requerimiento a la sancionada de las llaves de acceso a la sede de la Agencia, la anulación de sus códigos de seguridad para acceso al puesto de trabajo, la inhabilitación a la intranet corporativa, al correo electrónico profesional y a los servicios informáticos, así como instarle a entregar el móvil corporativo y el portatil de la AVAF.

Tras el auto del TSJ, la funcionaria ha podido volver a su puesto de trabajo en un organismo que, paradójicamente, impulsa especialmente que cualquier persona que denuncie algún tipo de mala praxis en la Administración reciba el más alto grado de protección posible. En este caso, sin embargo, Llinares ha actuado contra su propia funcionaria tras una investigación interna que la defensa de la funcionaria, en el recurso ante el TSJ, ha considerado una «suposición» «tan mendaz e inexacta como falta de demostración alguna».