La mala gestión de Mónica Oltra en el caso de los abusos a una menor

La Justicia ha reprochado a la conselleria de Mónica Oltra la atención que recibió una adolescente de 14 años que sufrió abusos sexuales por parte de un educador en un centro de protección. La víctima, ahora mayor de edad, estaba bajo la tutela de la Generalitat. Su madre no podía hacerse cargo de ella y su padre estaba preso. La desprotección fue evidente, según las resoluciones judiciales. El ahora condenado era el marido de Mónica Oltra, la consellera de Igualdad. Una circunstancia importante pero no determinante a la hora de evaluar la actuación del departamento autonómico.

El TSJ confirmó hace una semana la condena y apuntaló toda esa gestión deficiente por parte de la Generalitat. A la menor nunca se la creyó, se le apartó del centro, no se denunció el caso y, además, sugirieron que, en cambio, lo que se practicó fue una «instrucción paralela» para reducir la responsabilidad de la conselleria. Se permitió, además, que el propio educador investigado efectuara una especie de protocolo sobre el caso y pudiera modificarlo en caso de necesidad. Traducido a un escenario más comprensible, es como si el ladrón le pasa un informe por escrito al policía que le investiga y le pregunta si tiene que cambiar algo en su propio beneficio, claro.

Este es el saldo de negligencias que se acumulan tras el análisis del caso por parte de una fiscal y seis magistrados. Tres de la Audiencia Provincial -lo hicieron por dos veces por la nulidad parcial del primer juicio para incorporar nuevos informes- y otros tres del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Esta enmienda a la totalidad de la actuación de un departamento autonómico no ha inmutado a la vicepresidenta Oltra. La consellera ha logrado en estos dos años -la primera sentencia es de noviembre de 2019- superar esta crisis sin daños relevantes.

En su comparecencia en Les Corts para informar del asunto incluso apretó el acelerador. Obvió la autocrítica -hizo responsable al PP del anterior protocolo que no obligaba a acudir a la Fiscalía- y cargó contra los jueces y el ministerio fiscal por lo que ella considera juicios de valor e insidias. Y eso es todo. De nuevo, la última sentencia del TSJ, apenas le ha inquietado políticamente. La oposición reclama que vuelva a Les Corts. La vicepresidenta sigue con otros menesteres. Hace una semana montó la enésima bronca de los presupuestos y durante los últimos días ha aireado el debate de la tasa turística para contraprogramar al presidente Puig en su batalla para cambiar el modelo de financiación. Asuntos importantes, obviamente, pero que sirven también para levantar un velo sobre este delicado incidente.

Fuentes políticas coinciden en que si estos hechos hubieran afectado a otro conseller o consellera de los actuales o, sin duda, del PP, ya no estarían en el Gobierno. Pero la gestión política y mediática que la vicepresidenta ha hecho sobre este asunto parece haberla situado en un escenario casi más de víctima que de responsable.

La primera sentencia es parca en reproches si lo comparamos con la avalancha del segundo fallo. Se cita, por ejemplo, la dificultad de la víctima de denunciar los hechos «ante el temor a no ser creída» por la relación de «parentesco con un alto cargo de la Generalitat». También se lamenta el trato policial a la menor el mismo día del juicio donde acudió esposada pese a ser ella la víctima y en presencia de una responsable de la Atención de Víctimas. A lo largo de los dos años nadie ha dado una explicación convincente sobre este suceso.

El tribunal, ya metido en el fondo del asunto, «llama la atención» de que una vez la directora del centro conoce la noticia de los abusos -se la traslada una técnico del comité antisida que asesoraba a la menor- esta no le pregunta por los delicados episodios sino únicamente por qué quiere dejar las instalaciones. Posteriormente, la psicóloga de la sección del Menor de la Dirección Territorial del Menor tampoco interroga sobre este particular. «No deja de sorprender», insisten los jueces. De igual modo, no encuentran explicación «a que no se diera cuenta a la Fiscalía de Menores». Esta profesional admitió, además, que no tenía experiencia en abusos sexuales.

La catarata de reproches a la Conselleria de Igualdad se dispara en el segundo fallo, el de marzo de 2021 cuando se incluye un informe, favorable al acusado, que permaneció cerca de dos años en la Conselleria sin incorporarse al expediente judicial abierto para aclarar los hechos. Otro de los misterios de este caso. Pero no sólo ese 'olvido' momentáneo y posterior recuperación sino también el origen de este dosier cuando ya había un análisis anterior que negaba los abusos y descartaba profundizar más. «No está del todo clara su naturaleza (información reservada) parece emular una suerte de instrucción parajudicial para determinar la veracidad de las acusaciones».

De este informe destaca el tribunal «el marcado sesgo que adolece» y reflexionan acerca de la circunstancia de que «sólo las personas ajenas al ámbito de la conselleria dotan de credibilidad al relato de la menor». En cambio, todo el personal del centro de menores y de la conselleria «se la niegan -la credibilidad- en un claro sesgo de confirmación» de la actuación de la conselleria a partir de que la adolescente era «problemática, mentirosa e incluso violenta».

En la línea de este argumento, subrayan los magistrados cómo se define a una joven de 14 años que supuestamente ha sido abusada: «Carácter fuerte y duro, ha protagonizado agresiones a los educadores y sustraído pertenencias, se ha fugado, está en tratamiento por TDH». De igual modo se habla de la extemporaneidad de este expediente y del informe de Espill. Es de noviembre de 2017 y en su inicio recoge que la primera noticia de los hechos es de febrero de ese año.

La instructora de este dosier trata de restar valor a la primera anotación de abusos que hace la técnico del centro antisida. Recoge que no quiso comprobar los hechos. Sin embargo, la intención era acudir a la Policía. Esta misma instructora recoge que cuando los agentes llevan a la menor al centro tras una de sus fugas, desde la dirección se les informa que se abrió una investigación interna y se descartó la posible comisión de un delito por falta de pruebas. Pese a eso, los agentes deciden llevar el caso a Fiscalía. Y este es un momento clave en esta sucesión de acontecimientos porque, de lo contrario, todo habría quedado en el olvido.

En el marco de este expediente de información reservada se encarga una pericial al instituto Espill. Esta especialista resuelve que no existe relato de la menor. Una afirmación que causa «sorpresa» en el tribunal y en la perito del Instituto de Medicina Legal. «Describe reiteradamente en qué consisten los abusos, cuándo y dónde se producen así como el autor»., corrige el fallo. Toda esta documentación, continúa el tribunal, «podría estar animada por un interés en exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat». Ahonda en la misma idea: «hostilidad y falta absoluta de empatía hacia la víctima». Oltra dijo en Les Corts que tardó seis meses en enterarse de los hechos. La intención era desvincular cualquier trato de favor. Pero que la máxima responsable de la conselleria ignore durante medio año un asunto de esta magnitud no es un elemento para presumir. Además, no se trata de hechos frecuentes.

El TSJ, en su sentencia del pasado viernes, respalda la decisión de la Audiencia. Habla de la actuación «contradictoria» de las personas que debían proteger a la menor, de la «anomalía» del informe exculpatorio y de la falta de explicaciones de por qué lo envían dos años después, tras la condena, a la Justicia.

La propia Fiscalía reclamó en el juicio la reserva de acciones civiles ante una eventual responsabilidad de la conselleria. La víctima ya lo ha hecho. Han interpuesto una reclamación de más de 200.000 euros por la desprotección. El monitor condenado fue despedido tras esta segunda sentencia. La precipitación de la dirección del centro al no ser la sentencia firme le ha llevado a pagar 27.000 euros por despido improcedente.

Y todo lo anterior cobra todavía mayor relevancia si analizamos la actuación en otro asunto, el del centro de menores de Segorbe. Oltra denunció desde Les Corts un caso de abusos sexuales -dio algunos datos claves del supuesto autor que, sin embargo, terminó absuelto- y trasladó a todos los menores a otras instalaciones. La Justicia arremetió contra la conselleria por saltarse todo el ordenamiento para decretar el cierre. Dos situaciones similares con decisiones totalmente dispares.