Mata sugiere que la UCO ha filtrado el informe que revela la financiación ilegal del PSPV

De igual modo, el letrado del cabecilla de Azud y exsíndic del PSPV ataca determinadas afirmaciones de los agentes como aquella en la que se establece que la relación de confianza entre uno de los empresarios investigados, Enrique Gimeno, responde al «intento de obtener favores frente a la Administración gobernada por el partido socialista» (sin especificar, ni siquiera indiciariamente, cuáles y cómo ni su presunto carácter delictivo). Con este débil argumento, según Mata, se justifican medidas de investigación «absolutamente excepcionales».

El letrado arremete contra la instructora porque todo lo investigado en esta pieza secreta ya lo ha sido en la principal. Sospecha que se articularon estas diligencias secretas para acceder a los correos, mensajes y demás comunicaciones del ámbito privado. En resumen, «se abre una pieza separada en base a la probabilidad de que se haya cometido delitos por personas que tenían relación en 2006, 2007 y 2008, por haber mantenido contacto en 2019».

De esta forma, el letrado aporta los términos de búsqueda en los mensajes que supuestamente utilizó la UCO y donde aparece él mismo como uno de los focos de las investigaciones, al igual que la alto cargo María José Mira y Sonia Encarnación, de la Agencia Tributaria. Se trata de personas que no están investigadas en el procedimiento y no tienen ninguna relación con los hechos investigados en el periodo 2006-2008.

La defensa del supuesto cabecilla de la trama Azud Jaime Febrer, por otra parte, ha presentado un escrito en el que reclama que se anule la prórroga de seis meses de las diligencias tras ser acordada sin escuchar la posición de las partes.

Pero no es ese punto el de mayor enjundia del recurso. La representación de Febrer insiste una vez más en toda una catarata de vulneración de derechos fundamentales que se han cometido desde el inicio de esta causa, en el año 2017 y que permaneció más de cinco bajo secreto de sumario.

En concreto, Mata, que en los últimos meses ha puesto en duda prácticamente todas las investigaciones de asuntos de corrupción, denuncia la intromisión injustificada en los servidores de los correos del excuñado Barberá sin tener un límite temporal o temático como, por ejemplo, se ha exigido en el caso de Oltra.

«Tan extravagante solicitud del Ministerio Fiscal, acceder al contenido íntegro de todos los correos electrónicos de una o varias personas durante décadas, que no sólo no está permitido sino que está expresamente prohibido por nuestra ley», arremete el letrado contra Anticorrupción.

Insiste Mata en que la diligencia, acordada en su momento por la titular de Instrucción 13 de Valencia resulta «ilegal, inconstitucional, invasiva de derechos fundamentales y prospectiva». De tal forma que se permite abordar la «intimidad» del investigado, en este caso el cuñado de Rita Barberá, «y de todos y cada uno de sus contactos, sin la más mínima cobertura legal pero que ha servido para investigar a 60 personas».

Todo esto supone una «injerencia inaceptable» en nuestro sistema democrático. Mata no sólo reclama la nulidad de esta última pieza, la que investiga la financiación ilegal del PSPV sino de todas las derivadas del tronco principal del sumario al partir todas del análisis de los correos de Corbín.