Mata mantiene el pulso y se persona en el juzgado que investiga el caso Azud

El político, tal y como declaró a LAS PROVINCIAS antes de que la información saliera publicada, accedió a ese encuentro por mediación del actual letrado de Febrer, Miguel Vergara, con el que Mata colabora en asuntos de penal. No obstante, en aquella conversación, no anunció que fuera a ser su letrado. Era más una labor puntual de asesoramiento, según indicó. Días después, tras la repercusión mediática de esa reunión, comunicó que se convertía en el letrado de Febrer.

El síndic del PSPV ya se ha personado en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga esta causa en secreto desde hace cerca de cuatro años. Lo ha hecho como «codefensa», algo que no resulta extraordinario, pero tampoco frecuente. Lo habitual es que sólo se persone un letrado con independencia de que otros colaboren en la estrategia o incluso puedan sustituir al titular cuando este, por ejemplo, no pueda acudir a una declaración. Sin embargo, en algunos casos, se recurre a esta fórmula «cuando el cliente cree que cada uno de los profesionales puede aportarle algo», explica un profesional con experiencia en estas prácticas.

La codefensa no es un cincuenta-cincuenta sino que siempre hay un profesional que dirige la estrategia o cuyas decisiones prevalecen. La operativa suele ser más habitual en grandes macrocausas, como la de Azud, para repartir el trabajo o evitar que un sólo despacho se pueda ver colapsado. Pero no es una medida que, por norma general, guste a todos los letrados porque es necesario tener una muy buena relación personal para que no se produzcan problemas.

La causa, por otra parte, sigue registrando novedades. Durante los primeros días tras las detenciones y las comparecencias de prisión de los principales implicados, se citó a numerosos testigos en el juzgado para que aportaran su versión de los hechos que se investigan. Rafa Rubio, el exsubdelegado del Gobierno y hombre fuerte del urbanismo en el Ayuntamiento, ha pedido su salida de la penitenciaría donde lleva más de mes y medio. En un primer momento, no solicitó su excarcelación como si hicieron la empresaria Mónica Montoro y el exvicealcalde Alfonso Grau. Entonces se rechazaron ambas peticiones. Hace una semana, fue la propia Fiscalía la que pidió la salida de Montoro y el considerado como blanqueador de la red, Joaquín Pastor. Esto quizá haya impulsado el movimiento de Rubio que ve ahora más esperanza en que su petición sea acogida. El exdirigente socialista está acusado de percibir una comisión y utilizar el sistema del pitufeo, ingresos de pequeñas cantidades de forma periódica, para blanquear la mordida.