La investigación judicial de la DANA es un asunto que incomoda a cualquier juzgado. Uno de esos expedientes que amenaza con monopolizar toda la actividad del órgano en los próximos meses. Un asunto que conviene 'pelear' para evitar que no caiga en el juzgado. Y ... eso es precisamente lo que ha sucedido en el supuesto de la tragedia. El titular de Instrucción 20 ha decidido no aceptar la inhibición que se le planteó desde Instrucción 15 para depurar las responsabilidades políticas a raíz de una querella de Manos Limpias.
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En un auto, el magistrado de Instrucción 20 considera que sería «prematuro» y «no justificado» quedarse con esta investigación. Los denunciantes sostienen que existe responsabilidad penal en María José Rallo, responsable de la AEMET, porque «los radares de la AEMET no funcionaban». También aprecian idéntica responsabilidad en Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, «por la tardanza en mandar un mensaje a la población a las 20'10 horas». Y, por último, tras la ampliación de las sospechas a la Confederación Hidrográfica del Júcar «porque no funcionó correctamente el SAIH (el sistema de control) y no notificar del dato de la estación de aforos de la rambla del Poyo».
Las diligencias en este juzgado comenzaron por la muerte de un hombre de 79 años en la pedanía de La Torre. El instructor considera que ese fallecimiento, que se produjo alrededor de las cuatro de la mañana del 30 de octubre, se produjo al salir a la calle y no poder ser sujetado por su hermano. La causa del fallecimiento es una parada cardiorrespiratoria, según la autopsia. «No existe base indiciaria mínima para determinar que el nexo causal que provocó dicho concreto fallecimiento pueda traer causa de los hechos contenidos en la denuncia».
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JC. Ferriol Moya
El instructor explica que en la madrugada del 30 de octubre «no se encontraba en funciones de guardia y en ese momento la masiva inundación sufrida en el barrio de la Torre ya se había producido horas antes, al igual que en las otras poblaciones colindantes inundadas». Todo lo que relata la denuncia se produjo horas antes. «No hay causalidad ni conexión suficiente», subrayan.
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Del mismo modo, el instructor recuerda que una veintena de juzgados de la provincia mantienen causas abiertas para esclarecer las numerosas muertas que se produjeron en la noche del 29 de octubre. Y, en especial, un juzgado de Torrent que, al parecer, es el que acumula más fallecimientos.
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