El TSJ da otro toque a Llinares por no dar al PP datos sobre Francis Puig

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó una sentencia el 4 de junio de 2020 por la que reconocía el derecho de Eva Ortiz a obtener de la Agencia Valenciana Antifraude la documentación solicitada y que le debía de ser entregada a través de la presidencia del Parlamento autonómico. La decisión que fue recurrida por el departamento que dirige Joan Llinares pero el TSJ ha inadmitido el recurso de Antifraude y le ha impuesto el pago de las costas procesales por una cuantía máxima de 400 euros. El Alto Tribunal defiende que Antifraude vulnera el derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

El TSJ ya ha dado varios portazos a las intenciones de la Agencia Antifraude sobre su negativa a entregar los expedientes de Francis Puig al PP. Anteriormente existían ya dos autos en los que rechazaba el criterio de la entidad que dirige Joan Llinares. El TSJ, igual que el Tribunal Supremo y Les Corts, ya se había pronunciado en el sentido de dar la razón a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y mandatar a Antifraude que le entregara los documentos de los que dispusiera sobre este caso. Además, la Sindicatura de Greuges también ha instado a la agencia a que entregue la información al PP, una recomendación que no ha sido escuchada por Llinares.

La resolución de la Sindicatura de Greuges, del pasado 30 de marzo, recomendaba a Antifraude que respetara «el derecho fundamental de los diputados a solicitar datos, informes y documentos» a la Generalitat, tal y como establece el Reglamento de Les Corts. Además, el órgano que dirige Ángel Luna apuntó que la confidencialidad que esgrimía Antifraude no era motivo para no entregar los documentos.