Juan Francisco García era el jefe de gabinete de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat. La investigación de la trama Erial, una supuesta red de blanqueo controlada por el exministro, siempre le confirió un papel capital como otro de los vértices de ... las pesquisas, pero con autonomía propia.
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Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntalan las sospechas sobre el alto cargo valenciano. Y aquí no aparecen testaferros, ni sociedades, ni entramados difusos en los que no se conoce con claridad el destinatario último de los fondos sino que se trata directamente de la empresa familiar: Dobles Figuras.
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Una mercantil de García y su mujer -la sede es su propio domicilio- que se creó tras abandonar este la Administración valenciana. Durante años ingresó 10.000 euros mensuales por la presunta elaboración de una revista de comunicación interna de Sedesa, el conglomerado empresarial de la familia Cotino. Llama la atención que los pagos comienzan en el año 2003. Es decir, en fechas próximas a cuando las empresas en el extranjero comienzan a recibir las supuestas mordidas por las adjudicaciones de los parques eólicos y la privatización de las ITV.
El contrato que se firmó entre Asedes -matriz de Sedesa- y la mercantil de García fue para la elaboración de una revista, centrada en la difusión de los proyectos de la compañía. En total, en los distintos registros policiales se hallaron 87 facturas por el importe de 1,2 millones de euros. Sin embargo, lo sorpredente es que la empresa nunca hizo esa revista, titulada «Sedesa Noticias». Esto es lo que se desprende de las declaraciones del personal que trabajaba para Sedesa y de otros profesionales externos que redactaban ese boletín. Todos mostraron su incredulidad cuando fueron interrogados por la UCO y conocieron que una empresa cobraba ese importe por un trabajo que, en realidad, hacían ellos.
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A los investigadores también les ha sorprendido notablemente que pese a la extensa relación comercial que mantuvo Sedesa con Dobles Figuras, durante los registros policiales, no apareciera ni un solo papel que permitiera acreditar la realidad de los servicios prestados, es decir, el diseño de una de las páginas, el texto de un reportaje, las fotografías para ilustrar los especiales. Nada. Y, además, tampoco la empresa pasó nunca ningún gasto extra por la confección de estos trabajos. Por ejemplo, un desplazamiento, una dieta, algo habitual en publicaciones de esta naturaleza.
'Sedesa Noticias' era publicación bimensual o trimestral, dependiendo de la época, de pequeño tamaño -entre 16 y 36 páginas incluyendo portada y contraportada-; en la que se recogen reportajes de la actividad de las empresas que conforman el grupo, así como entrevistas a directivos.
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Durante una primera etapa, la revista la confeccionaban dos personas, una que diseñaba las páginas y un periodista externo a la empresa que preparaba los textos. «Los contenidos no tenían ninguna complejidad profesional que tuviera que ser suplida por una contratación externa», admitió a la UCO uno de los verdaderos autores de la revista.
Este mismo testigo indica que una contratación de este tipo supondría «duplicar» las labores que ya se estaban haciendo en la empresa. A partir de 2007 se crea un departamento de comunicación en Sedesa pero pese a esta circunstancia se siguen abonando los 10.000 euros mensuales a la firma de García. Todos los profesionales que desarrollaron su labor en el equipo de comunicación han declarado desconocer cualquiera relación con esa sociedad.
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De nuevo, la línea temporal es clave para los investigadores. Subrayan que los primeros pagos a la empresa de García se producen cinco días después de que se materialice la adjudicación de los parque eólicos, uno de los procedimientos bajo sospecha. También destacan la escasa actividad de la firma Dobles Figuras. La mitad de sus ingresos los obtiene de empresas vinculadas con Sedesa. La mayor parte, los provenientes de la publicación de la revista de comunicación interna. Tampoco se ha hallado documentación que permita inferir la existencia de actividad real de la mercantil.
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