La fricción en el Consell de la exigencia de un determinado nivel de valenciano al funcionariado de la Generalitat, lejos de diluirse, se mantiene o, incluso, se va elevando. La Conselleria de Administración Pública es la competente a la hora de sacar adelante el ... reglamento por el cual se establecerá el requisito lingüístico a todos aquellos que quieran formar parte de la plantilla de la Administración valenciana. Mientras que la consellera Bravo entiende que debe reclamarse un nivel B2, en la negociación que mantiene con la conselleria de Educación, que también tiene su propio criterio que ofrecer en el reglamento, la dirección general de Política Lingüística exige que se mantenga el C1, o 'Grau Mitjà'. En este sentido, la vicepresidenta Oltra ha considerado «adecuado» continuar con la exigencia del c1, tal y como, ha recordado, se estableció desde 2017. El debate sobre este asunto amenaza con dejar fuera de la legislatura la aprobación del requisito.
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«Estoy segura de que se llegará a un acuerdo», ha indicado Oltra, para quien es necesario no perder de vista las palabras del presidente de la Generalitat sobre la improtancia de que las lenguas «tiendan puentes y no muros, y que los valencianos puedan dirigirse a la Administración con la lengua.
Frente a la disyuntiva que hay sobre la mesa, si B2 o C1, la vicepresidenta y líder de Compromís (la coalición se ha levantado en armas contra el criterio de Bravo) ha recordado que «ahora mismo lo que se exige es el C1. Es lo que hay, entonces, parece que es lo adecuado, el C1, el Mitjà. No estamos hablando de personas que pretenden aspirar a un nivel bajo en la Administración, sino de titulados universitarios que han aprobado las oposiciones, con lo amplias y dificiles que son».
«Ahora mismo lo vigente, desde 2017, es que en el nivel A1, A2 y A3 es ese nivel. Aquí no estamos para ir a peor. Uno no tiene que ir a empeorar sino al menos quedarme como estoy», ha advertido Oltra, en consonancia con otros miembros del Consell que integran Compromís. El debate se alargará, por tanto. La cuestión es si, para el Consell, fijar el requisito es algo prioritario esta legislatura o no. «Estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo, porque siempre es una prioridad alcanzar consensos para garantizar los derechos de los valencianos», ha añadido la vicepresidenta, que ha advertido de que, obviamente, «si se aprueba, será por un acuerdo». Por tanto, si no hay acuerdo, el reglamento que se ha convertido en el nudo gordiano de la ley de la función pública valenciana, no se aprobará siete años después de iniciarse la tramitación de esta norma.
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