Oltra niega trato de favor de su conselleria en el caso de su exmarido

Rueda de prensa complicada, muy complicada, para la vicepresidenta del Consell y responsable de Igualdad, Mónica Oltra. La portavoz del Consell compareció tras el pleno del Gobierno valenciano. La condena por abusos sexuales al educador social y los reproches de la Audiencia a la actuación de su departamento coparon buena parte de su intervención.

El asunto resulta especialmente delicado por el vínculo con el monitor, era su marido en el momento de los hechos, y porque los magistrados cuestionan de manera rotunda cómo se actuó con una menor que la Administración debía proteger. Respecto a la especial relación, la vicepresidenta quiso atajar cualquier sospecha de trato de favor. «Rotundamente, no. No tuvo ninguna vinculación mi relación personal con la gestión de la conselleria», zanjó.

La vicepresidenta mantuvo un tono pausado, de autocontrol, pero la tensión era evidente. Abordó el expediente de información reservada, «una instrucción paralela» en palabras de la Audiencia, para subrayar que son evaluaciones que se hicieron a la menor. «Los informes son consecuencia de la atención a la menor, de que se da la atención a la víctima. Es el caso de la profesional de la dirección territorial, del centro y de la fundación Espill donde fue derivada». Los magistrados, la fiscal y la médico forense criticaron el sesgo de esos documentos donde presentaban a la menor como agresiva, mentirosa y problemática.

Se le preguntó y repreguntó ante la ambigüedad de sus respuestas sobre su responsabilidad política. «Mi responsabilidad política es toda. En este caso y en todos los que afectan a la conselleria. Porque es mi responsabilidad», indicó la vicepresidenta. Esto parece concretarse en dar explicaciones ante Les Corts y a los medios de comunicación. Pero no más. No ha habido ninguna dimisión en la administración vinculada a este caso, que data de 2017. Sí se cambió el protocolo a la hora de comunicar cualquier caso a la Fiscalía de Menores. En el supuesto del ex de Oltra no se hizo. Los hechos trascendieron tras una denuncia de la Policía en un traslado de la menor tras una de sus habituales fugas. «Mi responsabilidad es construir un sistema de protección a la infancia», añadió.

Respecto a qué explicación tiene de que se omitieran los apellidos de su exmarido en el informe que se preparó desde la conselleria, Oltra no fue muy precisa. «En la comparecencia que he pedido en Les Corts explicaremos profusamente este tipo de detalles», adelantó. «Puede ser que se omitiera sus apellidos por la misma razón que en las informaciones sobre este asunto se omiten los apellidos del educador social, pero no los míos. Es la misma dialéctica. Se omite el apellido del protagonista pero no faltan los míos». En relación, precisamente, a las referencias a su «relación personal con el condenado» en las informaciones sobre el caso, y respecto a sus comentarios sobre «el machismo» en las críticas a su gestión sobre este tema, Oltra consideró que se responsabilice «a las mujeres y a las familias de hechos que no son su responsabilidad. Este caso ha despertado el interés, no por la razón que hay de fondo, ya que esta semana hemos conocido otra sentencia a un hombre por prostituir a dos menores de un centro de menores en Monteolivete. Esa sentencia no ha despertado ningún interés informativo ni de la oposición», pareció lamentar la líder de Compromís. Incluso lanzó un dardo a la Fiscalía -especialmente crítica en el caso de su ex- diciendo que en este asunto pedía 35 años de cárcel, pero sólo ha conseguido una condena de cinco. Quiso comparar ambos supuestos, aunque existen enormes diferencias.

Al ser preguntada si en esa sentencia sobre Monteolivete se critica la gestión de su conselleria, Oltra reconoció que no tiene el fallo, por lo que no se sabe si en esa resolución también se reprocha con similar dureza la gestión de su departamento, uno de los motivos de la repercusión mediática de esta segunda condena de la Audiencia.

La Sala ha reprochado a Igualdad una investigación paralela, por no enviarla al juzgado, porque se escondiera el nombre del docente, por no creer a la víctima cuando debían protegerla y señalar que se actuó con hostilidad hacia la menor. «Cuando contaba lo que me hacía nadie me creía», ha explicado la víctima en una entrevista publicada ayer en LAS PROVINCIAS.