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Un siglo desde que se convoca una oposición hasta que se celebra la correspondiente prueba, temarios inacabables que obligan a hacer ejercicios memorísticos ... que apenas sirven para superar un examen. Tribunales compuestos por personal que tiene que compatibilizar esa función con sus propias ocupaciones. La conselleria de Justicia y Administración Pública está decidida a darle una vuelta a los procesos de selección de personal al servicio de la Administración de la Generalitat. Una apuesta dirigida a modernizar procedimientos y que permitan seleccionar a las personas más idóneas para las plazas ofertadas.
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El Gobierno valenciano acaba de dar luz verde a la resolución del departamento que dirige Gabriela Bravo para constituir un grupo de trabajo que proponga medidas «para la innovación en los procesos de selección de personal» de la Generalitat. En el texto se explica que esa selección «necesita ser repensada, no tanto en el diseño legal cuanto en sus prácticas de gestión». «Procesos administrativos dilatados en el tiempo, técnicas de selección meramente memorísticas que no aseguran la evaluación de las destrezas y competencias críticas para el desempeño laboral y temarios inacabables cuya adecuada preparación no todas las familias pueden afrontar», reconoce la conselleria. Incluso, se añade, unos órganos de selección integrados por personas que deben compatibilizar su dedicación ocasional con sus propias ocupaciones. Todas ellas son prácticas «que necesitan ser repensadas».
La conselleria de Bravo recuerda además que esta situación se produce «en un contexto de acusado relevo generacional», circunstancia que abre la puerta tanto «a incorporar nuevos perfiles profesionales como para hacerlo con acierto».
El texto detecta, por tanto, cuáles son las principales claves sobre las que incidir: se pretende ajustar plazos, que los temarios no sean gigantescos, que aprobar una oposición no sea únicamente una prueba de memoria y que cada plazas requiera de unas destrezas específicas que sean puestas a prueba para su aprobación.
Para todo ello, Justicia crea un grupo de expertos presidido por el prestigioso catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón –considerado como el padre del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)–. Junto a él, la subdirectora general de relaciones con otras AAPP del MInisterio de Política Territorial, Icíar Pérez-Baroja, el catedrático del derecho del Trabajo de la Universitat de València José María Goerlich, la también catedrática Remedios Roqueta o el responsable de RRHH de la dirección de Función Pública del Gobierno vasco, Mikel Gorriti.
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