El pago de la deuda abre la puerta a ayudas de la UE y a agilizar la gestión

El anuncio ayer del presidente Ximo Puig de que el Gobierno asumirá el pago de la mayor parte de la deuda de la Marina de Valencia, 350 millones vinculados al préstamo del Instituto de Crédito Oficial, fue sin duda la noticia del día y seguramente de muchos más, dado que se prevé un largo proceso hasta que sea una realidad.

La decisión se produjo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, solventada en un párrafo de una nota de prensa. El comunicado señalaba en boca de Puig el «cambio de actitud por parte del Gobierno de España», para explicar que el Ejecutivo de Sánchez asumirá a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) «la deuda de 350 millones de euros del Consorcio Valencia 2007». El jefe del Consell consideró por último que se trata de una reivindicación histórica que el anterior Gobierno nunca quiso atender y que ahora se hará realidad gracias a las negociaciones entre el Consell y el Ejecutivo de Sánchez.

La primera pregunta que surge es porqué el acuerdo se cierra con una cifra de 350 millones. Fuentes del Consell explicaron que se trata de 318 millones del préstamo principal más los intereses generados desde 2004, cuando empezaron las obras que transformaron la dársena interior del puerto en la Marina con motivo de la Copa América de vela. No obstante, el Consorcio tiene registrados como principal pendiente de vencimiento, cuotas vencidas y recargos de apremio un total de 369,19 millones de euros, según pudo comprobar este periódico.

Esta discrepancia contable se resolverá seguramente en el largo proceso que se abre a partir de ahora. La mismas fuentes apuntaron que la decisión pasará por un consejo del Consorcio Valencia 2007, entidad gestora de la Marina y donde participan el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento. Una de las opciones es que haya una aportación patrimonial para que entonces se pague al ICO por el préstamo.

El Consorcio no ha podido hacer frente a ninguna de las letras, que puntualmente eran asumidas por el Tesoro. El problema es que la entidad debía contabilizar la deuda como propia, lo que ha supuesto una losa en todos los proyectos acometidos desde el final de la Copa América.

Está el ejemplo de las ayudas concedidas por la Unión Europea a multitud de proyectos en los que puede encuadrarse la actividad de la Marina. Al ser una entidad morosa, la normativa impide al Consorcio concurrir a este tipo de subvenciones.

Iniciativas de apoyo a los emprendedores, energías alternativas, movilidad sostenible y proyectos de cooperación, así como otros de índole cultural. El Plan Estratégico de la Marina está hecho «a la medida» para encuadrarse en este tipo de programas europeos, indicaron fuentes cercanas a la entidad.

La concepción de la Marina de un lugar de ocio, hostelería y meramente comercial ha dado paso a otro donde priman los espacios públicos, las sedes de oficinas de emprendedores, como es el caso de la antigua estación Marítima, museos como el antiguo Varadero y todo el apoyo posible al deporte náutico, para mantener la esencia del recinto. Cuando cuaje la eliminación de la deuda, se abrirá todo un escenario de posibilidades, incluidas iniciativas de regeneración urbana.

La segunda ventaja de la supresión de la deuda principal, en caso de que finalmente se consiga, es el olvido de la «mochila» que supone para la gestión diaria la enorme cantidad de préstamos a devolver. Pese a que en los últimos tres años el alcalde Joan Ribó ha insistido en que se trata de un problema político, de manera colateral afecta a cuestiones cotidianas como puede ser la compra de equipamiento a crédito al ser morosos con los bancos.

El Consorcio Valencia 2007 mantiene otros dos préstamos abiertos y una deuda con el Puerto que no entran en el anuncio realizado ayer. El más urgente es uno con el Banco Santander que asciende a 63 millones de euros y que fue vendido a un fondo de inversión norteamericano. Al estar fuera de la cobertura del ICO, se han producido estos años varios embargos en cuentas corriente de la entidad de la Marina.

Esta deuda es la que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, dijo el pasado día 10 que estudia asumir el Ejecutivo de Sánchez, a la espera de una reunión en septiembre para concretar el asunto. Debido a que en este tipo de operaciones los bancos realizan importantes descuentos, se confía en comprar al fondo la deuda por el 10% de su valor más un 15% de esta cantidad en concepto de comisión.

Esto supondría que el Consorcio podría eliminar esta deuda, mucho más peligrosa que la del ICO, por apenas siete millones de euros. De todos modos falta una decisión definitiva y, sobre todo, conocer la forma de pago que empleará el Gobierno de Sánchez. Está por ver si esa rebaja será tan significativa.

Respecto al préstamo principal, otras fuentes cuestionaron que exista una solución sencilla, sobre todo porque la aportación del Gobierno debe pasar por el Congreso. La condonación directa por parte del ICO está descartada, debido a que se trata de un banco público que se rige como una entidad autónoma. En síntesis, el Ejecutivo socialista puede realizar una aportación al Consorcio o pagar al Instituto de Crédito Oficial la citada cantidad. En todo caso, queda supeditado a los Presupuestos Generales de 2019.

El Consorcio mantiene otro préstamo con el Banco Santander, que tampoco entra en la operación anunciada ayer por Puig. Entre créditos, intereses devengados, intereses y costas reclamados minorados con los embargos practicados, asciende a un total de 6,06 millones.

Por último, la entidad mantiene otra deuda, en este caso con la Autoridad Portuaria, por diversos conceptos como tasas de ocupación, tasas náuticas y merced arrendaticia. Asciende a 18,15 millones de euros. Esto hace que unos cien millones se queden fuera de la operación sobre la que ayer se anunció un acuerdo.

La primera reacción del Ayuntamiento llegó de la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, quien elogió la negociación realizada por la Generalitat, para confrontar esta situación con lo ocurrido en las anteriores legislaturas del PP.

Por la tarde, el alcalde Joan Ribó envió un comunicado con una primera valoración, donde indicaba que desde el Consistorio «valoramos positivamente el anuncio de que el Gobierno central asumirá el pago de 350 millones de la deuda».

Añadió que ha sido una «reivindicación constante la que hemos hecho desde el Consistorio para que el Gobierno nos tratara exactamente igual que ha hecho antes con otras ciudades, como Barcelona, Sevilla o Zaragoza, y las deudas contraídas para la celebración de varios eventos» al referirse a las Olimpiadas de 1992 y la Exposición Universal del mismo año.

«La deuda reconocida en la actualidad es de unos 460 millones de euros (456 millones según las cuentas del Consorcio), por lo que entendemos y reivindicamos que el Gobierno debe asumir la totalidad de esa deuda. La decisión anunciada es positiva y será suficiente cuando comporte la asunción de la totalidad de la deuda», añadió el comunicado.

Con esto, Ribó fijó una posición tajante en cuanto a la resolución de lo que ha sido denominado siempre desde Valencia como un «problema político» y que no se logró resolver con los anteriores responsables.

«El Consorcio tiene futuro y, ahora sí, está funcionando bien. En 2017 registró beneficios operativos por primera vez, además de un aumento de los ingresos de un 64% y un incremento de las personas usuarias de un 80%», finalizó. El primer edil se reunirá hoy con el director estratégico del Consorcio, Ramón Marrades, con toda seguridad para analizar el anuncio de Puig y las consecuencias inmediatas.

El portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, dijo que «la deuda de la Marina se produjo porque el PSOE le negó a Valencia el trato que recibió Barcelona, Sevilla y Zaragoza, con motivo de los Juegos Olímpicos y las Expos, por lo que fue necesario recurrir a un préstamo del ICO, avalado por el Estado, que durante los Gobiernos del PP nunca se exigió al Consorcio».

El edil dijo que pese a que «la generaron los socialistas, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han pagado ni un solo euro de la deuda, que además ha sido asumida en todo momento por el Gobierno de España». El Ejecutivo está representado en el Consorcio con un 40% de los consejeros, mientras que el mismo porcentaje corresponde a la Administración autonómica y un 20% restante al Consistorio. Monzó comentó por último que «los gobiernos del PP siempre trabajaron para que la deuda fuera asumida».