La UCO aún tiene pendiente un informe sobre Rus siete años después de su arresto

Alfonso Rus puede ser el ejemplo perfecto de esta encrucijada. Fue detenido en 2016. Ni siquiera fue una sorpresa para él. Desde hacía meses, se conocía la existencia de una investigación, mientras los famosos audios, todavía por validar en una sentencia, se difundían sin complejos. De aquello han pasado casi siete años. Pues justo hace unas semanas, la UCO informaba al juzgado de Instrucción 18 de Valencia de que sigue analizando todo el material de los dispositivos informáticos acerca del plan de instalación de césped artificial en centros deportivos.

Una idea de la Diputación de Valencia, pero ejecutada por la empresa Imelsa, dominada en su momento por el gerente Marcos Benavent. Los agentes han comunicado al juzgado que el dosier está pendiente de su finalización.

La pieza central de la macrocausa de Imelsa se ha convertido en un auténtico cajón de sastre para los investigadores. Es ahí donde se enmarcan estas diligencias, que pretenden aclarar si se pagaron comisiones a cambio de determinados contratos para la mejora de instalaciones deportivas. La Diputación financiaba una parte de la actuación, más de la mitad, y el resto los Ayuntamientos. Las sospechas es que se presionó para que el material se comprar siempre al mismo proveedor.

Este asunto, siete años después, aún no tiene ni siquiera un informe policial. A partir de ese trabajo y las conclusiones de los agentes comenzaría entonces una serie de diligencias como la citación de los investigados y testigos, entres otras actuaciones.

Más tarde, en caso de apreciarse definitivamente la existencia de delitos, las diferentes resoluciones y finalmente la apertura de juicio. En el mejor de los casos, un año o más por delante. A esto hay que añadir que el juzgado no destaca precisamente por su celeridad y ya ha tenido alguna sanción por parte del Consejo General del Poder Judicial por sus retrasos.

Es decir, finalmente nos plantearíamos en ocho años -en un cálculo optimista- desde la detención hasta la formulación de una acusación contra el expresidente de la Diputación de Valencia. Las promesas de agilización de la Justicia, en ocasiones, chocan contra elementos que no son de su competencia. En este caso, la carga de trabajo de una unidad especializada como la UCO y el análisis de una cantidad ingente de material, que llevan a un retraso difícilmente asumible en un sistema ágil de la administración de Justicia.

Rus afronta, no obstante, otros problemas de mayor urgencia. El próximo día 23 se inicia el juicio conocido como los zombies de Imelsa, trabajadores que fueron contratados en la empresa pública sin ninguna función y sin pasar ningún proceso selectivo. Por primera vez en un juicio se verán las caras Rus y Marcos Benavent, el hombre que propició con su colaboración inicial la caída del alcalde de Xàtiva.

Tras el final de esta vista, donde algunos acusados ya han llegado a conformidades con la Fiscalía, se iniciará el juicio del call center, con Rus de nuevo como principal protagonista. Y todavía quedan algunos asuntos pendientes, de incierto futuro, como la investigación acerca del patrimonio en el extranjero del exdirigente popular o la financiación ilegal del Olímpic de Xàtiva, actividad que supuestamente desarrolló en paralelo a todas las anteriores.