El juez abre una pieza secreta después de que una acusación reclame los mails entre Oltra y el resto de imputados

Agentes de la Policía Judicial acudieron el pasado lunes a las dependencias de la Conselleria de Igualdad para recabar el expediente de la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra.

Los funcionarios se personaron a última hora de la mañana en la sede de la dirección territorial de Igualdad, junto a la avenida del Oeste, con una orden del titular de Instrucción 15 de Valencia. La fecha del oficio era anterior a que el instructor presentara su exposición motivada al TSJ para que imputaran a la vicepresidenta, según indicaron fuentes conocedoras de los hechos.

El alto tribunal todavía no había asumido la competencia cuando se encargó este cometido a los agentes. Es decir, que aún estaba en sus manos la instrucción. Asunto diferente fue cuando los policías decidieron completar la orden, justo el pasado lunes, 24 horas antes de que la consellera anunciara por sorpresa su dimisión.

Estas actuaciones forman parte de las diligencias que pidió una de las acusaciones, en concreto, la de Cristina Seguí. Una indagación, al menos la del expediente, se acordó por parte del juzgado pero no se comunicaron a las partes personadas en la investigación. Se declaró el secreto para no perjudicar el buen fin de las pesquisas. De tal forma, que sólo el juez y el fiscal conocen los detalles de esta operación. En esa petición, además, figura también otra averiguación que puede resultar clave en el desarrollo de la investigación, pero se desconoce si ha sido aceptada.

Se trata de la intervención de los correos electrónicos que se cruzaron entre los propios investigados y la consellera de Igualdad. La dirección letrada acota este acceso a las comunicaciones personales a cerca de diez meses.

Tres son los episodios que el letrado pretende conocer con exhaustividad. Por un lado, el momento de los abusos sexuales, principios de 2017, y las comunicaciones que esos días se produjeron entre todos los participantes de la supuesta trama. Los mensajes, mejor dicho su contenido, podrían ratificar la limpieza de toda aquella intervención en la que se concluyó que la menor no gozaba de credibilidad y, por tanto, no se presentó denuncia.

El otro periodo temporal comenzaría de agosto a noviembre. Desde que Oltra conoce el asunto –precisó que el mismo día 4 de agosto– hasta la apertura del expediente de investigación que comienza unos días más tarde y que recoge, a su vez, una evaluación del instituto Espill, órgano especializado en víctimas de abusos, y donde el dictamen coincide en la falta de credibilidad de la menor. Y, por último, el cruce de emails tras conocer la primera sentencia condenatoria.

Se ignora si la pieza secreta incluye esta diligencia, pero lo habitual es que este tipo de indagaciones se realicen bajo el paraguas de este secreto excepcional. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1 que salpicó en su día a Francisco Camps. De repente, la jueza abrió una pieza secreta para el volcado de todos los correos y material de los ordenadores. Posteriormente se preparó un informe por parte de la UDEF que fue utilizado, sin éxito, para apuntalar las pesquisas.

La Policía, dentro del marco de esta pieza secreta, acudió el lunes a la citada sede de la conselleria. Permaneció en las dependencias por espacio de al menos seis horas con el citado dosier de la víctima. El expediente de la menor tutelada es uno de los asuntos clave en esta investigación. En realidad, esa documentación ya figura en la causa. La aportó en su día Carmen Fenollosa, una de las cargos de Igualdad investigada en la trama de los abusos.

Pero lo que el juez persigue, al parecer, es contar con la documentación oficial y comprobar que no ha existido una alteración entre lo presentado en su día en el juzgado y el expediente original o descartar que se haya excluido parte de la documentación inicial.

La cuestión acerca de quién ordenó la apertura de este expediente no ha resultado pacífica desde el inicio de la causa. En su día, Oltra asumió toda la responsabilidad al confesar que ella dio la orden de que se analizara qué había sucedido en la primera fase de la investigación en el centro de menores y en la conselleria. Esto terminó en «una investigación parajudicial», según la Audiencia. Además, el único objetivo, según el juez, fue desacreditar a la menor.

Pero esta no ha sido la versión definitiva. Días más tarde, para tratar de evitar la imputación con su escrito de alegaciones, la vicepresidenta se desligó por completo de esa orden. Rectificó su primera versión, unas declaraciones que se produjeron en un momento de alta tensión, situación originada por la injusticia que, según ella, suponía la imputación de personas inocentes de su conselleria.

Trece personas, la mayoría cargos de Igualdad permanecen investigados en la causa que comanda el titular de Instrucción 15 de Valencia. Rosa Molero, directora general de Infancia, es la única imputada que es alto cargo.

Todos han defendido su actuación en el departamento y han negado que lo hicieran para proteger a la consellera o a su marido de la denuncia de los abusos. Tanto el juez instructor como la Fiscalía del TSJ desconfían de esta versión. Es más. Sostienen que había unas indicaciones ocultas, un plan establecido ordenado por la propia Oltra para tapar el caso. La lectura de los correos que pide la acusación puede aportar luz en este delicado asunto.

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