El prolongado secreto de Azud, el arma de las defensas para anular la investigación

La causa ha estado secreto durante cinco años, un periodo excesivamente prolongado, que no encuentra precedentes en la Comunitat. No se conoce un caso que haya estado cinco años bajo secreto, lo que puede derivar en indefensión, según fuentes jurídicas. El caso Erial, la investigación al entramado de Eduardo Zaplana, estuvo algo más de dos años.

La UCO sostiene que el cabecilla de la trama es el empresario Jaime Febrer. Este supuestamente se concertó con el abogado José María Corbin, cuñado de Barberá y con Alfonso Grau para conseguir que los funcionarios se plegaran a sus intereses. La juez decretó el secreto de la investigación en mayo de 2017. Ni siquiera la detención de Corbín, en una primera fase de la operación, supuso el fin de la medida excepcional.

Las defensas mantienen que los autos de prórroga del secreto, existe uno por cada mes, carecen de la más mínima justificación. Y ese será uno de los puntos que atacarán los letrados. Recuerdan que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han censurado estas prácticas. Y no es la primera vez que una investigación de similar naturaleza se cae por prórrogas injustificadas del secreto. El letrado de Febrer, por ejemplo, cita uno de estos pronunciamientos.

Toda esta situación, según las defensas, ha permitido a la Fiscalía y al juzgado lanzar una investigación prospectiva, un procedimiento del tipo 'a ver qué encontramos' en vez de analizar ya los hechos concretos. «Se busca una causa general, contra una época, unos dirigentes políticos y unos funcionarios, generando una apariencia de corrupción generalizada injusta e irreal», recoge el escrito de Mata, letrado de Febrer.

Además, esta circunstancia se ha producido al mismo tiempo que supuestas filtraciones interesadas a los medios de comunicación para dañar la reputación de los investigados, siempre según esta defensa.

El ejemplo más claro de esa investigación prospectiva para Febrer es el tiempo que estuvo en prisión por supuestamente tener una empresa en Luxemburgo. La defensa sostiene que eso es falso y se debe a una confusión de la UCO con un folleto publicitario. «Mi cliente estuvo cinco meses en prisión por una publicidad sobre un centro financiero que el gobierno de Luxemburgo tiene intención de construir en 2015», lamenta.

El asunto sobre el que parece articularse toda la trama es el conocido como la operación de los colegios. Sin embargo, la defensa de Febrer no ve ninguna actuación delictiva. Es más, lo compara al que actualmente está vivienda el Ayuntamiento con el asunto Tabacalera. La empresa Guadalmedina tiene un crédito contra el Ayuntamiento de 25 millones. Se le dio un solar para compensar esa cantidad. Los vecinos recurrieron y la Justicia ha anulado esa entrega. Y ahora se está negociando a ver de qué forma se soluciona el problema para el Ayuntamiento.