Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente: al frente de «una buena conselleria» pero con poco dinero

Desde 2016 ha sido senadora del PP por Castellón, responsabilidad en la que cesó en mayo de este año para ser elegida diputada en las Cortes Valencianas. También ha sido concejal del Ayuntamiento de Castellón entre 2015 y 2019. Más allá de sus responsabilidades públicas, ha desempeñado a lo largo de su trayectoria diversos cargos dentro de la estructura del PP, la mayor parte asociadas a Castellón, si bien, también ligadas al partido en la Comunidad Valenciana, como la vicesecretaría de Infraestructuras, Empleo y Emprendimiento, puesto en el que la situó Mazón a su llegada a la presidencia regional del PPCV.

Como senadora, Pradas ha protagonizado algunas de las intervenciones más duras contra los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Mujer de partido, habituada a la confrontación dialéctica, tiene ante sí la siempre delicada gestión de las políticas vinculadas a la protección del medio ambiente y el territorio, una de las tradicionales banderas de la izquierda.

No sólo eso. En manos de Pradas estará también la gestión del Agua, un apartado clave para la Comunitat Valenciana y, en particular para las comarcas del sur de Alicante. El propio Carlos Mazón ha hecho de la gestión de los trasvases y de la determinación del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reducir y cerrar el Tajo-Segura uno de los focos sobre los que ha centrado sus ataques. A Pradas se le medirá su gestión por la capacidad para invertir esos constantes recortes del agua que llega al Segura procedente del trasvase, así como por la determinación con la que logre garantías del Ejecutivo central, sea del color que sea, respecto de la llegada de agua a las cuencas deficitarias.

En clave orgánica, la designación de Pradas como consellera es un gesto hacia Marta Barrachina, la presidenta de la Diputación de Castellón, con la que Pradas mantiene una buena relación, mucho mejor que con la alcaldesa Begoña Carrasco. Pradas tendrá «una buena conselleria», a juicio de un dirigente popular, que incluye en sus competencias la de las infraestructuras –antaño el departamento más inversor de todos los del Ejecutivo-. La realidad es que esas inversiones, con las tensiones presupuestarias conocidas en el Consell, pueden reducir el margen de maniobra de la nueva consellera de forma muy significativa.