El Síndic investiga a Transparencia por vulnerar el acceso a la información

La Sindicatura de Greuges ha abierto una investigación de oficio a la Conselleria de Transparencia para conocer en profundidad hasta qué nivel ha llegado la suspensión, durante el estado de alarma, de los plazos para tramitar solicitudes de acceso a la información pública que se hayan podido dirigir a la Generalitat. En concreto, el Defensor del Pueblo valenciano asegura ser «consciente» de la situación de excepcionalidad que atraviesan las administraciones públicas como consecuencia de la pandemia sanitaria, sino embargo, recuerda que debe velar como institución por la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas cuando la Generalitat los vulnera.

El Síndic alerta, en una queja de oficio emitida el pasado martes, de que la supervisión de la actividad de las administraciones públicas se mantiene, incluso durante la declaración del estado de alarma, de ahí que se haya abierto esta investigación. La institución recuerda que la Conselleria de Transparencia publicó un aviso en el que suspendía los plazos de tramitación de solicitudes con el inicio del estado de alarma. Sin embargo, «teniendo en cuenta que se está extendiendo más de lo inicialmente previsto», el derecho a la información pública, recogido en la Constitución, «está viéndose seriamente afectado».

El Síndic advierte de que con la suspensión del acceso a la información se vulneran también derechos fundamentales a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el de acceder a la información pública cuando lo ejercita un cargo electo».

El Defensor del Pueblo valenciano, cargo que ostenta Ángel Luna, recuerda a la consellera, Rosa Pérez, que la Ley de Transparencia tiene por objeto garantizar el derecho del acceso a la información pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir un información adecuada y veraz sobre la actividad pública para que toda persona pueda formar sus opiniones y tomar decisiones con base a esa información.

El Síndic le recuerda a la consellera que la semana pasada, las principales asociaciones de defensa de la transparencia (un total de 27) ya pidieron al Gobierno de España que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información, cancelado con la suspensión desde el 14 de marzo de los plazos administrativos. De hecho, la posibilidad de que cada entidad pública decida levantar la suspensión de los plazos ya se encuentra recogida en el propio decreto que regula el estado de alarma, en la disposición adicional tercera.

La propia Sindicatura de Greuges ya reactivó sus plazos para la tramitación de expedientes de queja el pasado 30 de abril y órganos como el Consell de Transparencia de la Generalitat ya resuelven sus reclamaciones de información estos días. O el decreto que el Consell aprobó para regular las ayudas a trabajadores con rentas bajas afectadas por un ERTE, que ya recogía la inaplicación de las suspensión de plazos. Sin embargo, la Conselleria de Transparencia mantiene el parón.

Por ello, el Síndic requiere a la consellera, Rosa Pérez, a que en el plazo de 15 días, remita un informe sobre los motivos que impiden al citado departamento a acordar la reactivación de los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública que se presenten ante la Generalitat y que tengan por objeto situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, sobre todo en materias que hacen referencia a los servicios esenciales.