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Paco Moreno
Valencia
Jueves, 7 de mayo 2020, 13:40
El gobierno municipal de Valencia, adalid de la transparencia, ha prohibido a los funcionarios que hablen con la prensa. Así ha ocurrido con una circular difundida hace dos días por la delegación de Servicios Sociales, gestionada por la concejala de Compromís Isabel Lozano y que ayer fue desvelada por el PP. El antecedente más cercano se encuentra en la Generalitat, donde ocurrió algo similar con el personal sanitario.
«A través de la presente se comunica a todo el personal adscrito al servicio de Bienestar Social e Integración de este Ayuntamiento que en ningún caso se puede proceder a facilitar información o efectuar declaración alguna a los medios de comunicación, en representación del Ayuntamiento de Valencia o en calidad de funcionario municipal, sin disponer de la correspondiente autorización de la concejalía de Servicios Sociales». Así de rotunda se muestra la instrucción, que sigue con el añadido de que «en el caso de que algún medio establezca contacto directo con un empleado al efecto de acordar una entrevista para recoger datos sobre las actuaciones que se desarrollan en el marco de los diferentes programas municipales, ha de reorientarse la petición hacia la citada concejalía, desde donde en el ejercicio de sus competencias se adoptarán las decisiones que se consideren oportunas sobre este tema».
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La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, denunció lo que consideró como una «censura con órdenes que tiene como objetivo amordazar a la opinión pública». La edil comentó que el alcalde Ribó debe entender que si quiere que no se hable mal de la gestión municipal «debe trabajar para hacerla bien y asumir los errores que está cometiendo en la lucha contra el Covid-19».
Fuentes cercanas a la concejalía señalaron que la circular tiene como origen «el hecho de que, sobre todo desde la entrada en el estado de alarma y con la puesta en marcha de prestaciones específicas en materia de servicios sociales para la gente más vulnerable, ha habido una avalancha de peticiones de medios de comunicación para informar de ello. El equipo de comunicación de la concejalía se encarga de recopilar los datos y transmitirlas a los medios como fuente oficial, de manera que, por un lado, sean informaciones contrastadas y, por otra parte, haya el máximo respeto al derecho a la intimidad de las personas que son usuarias de los servicios sociales».
Por el contrario, Catalá aseguró que la medida llega después que uno de los trabajadores de dicho departamento criticara en una entrevista en calidad de representante de una asociación la descoordinación de las administraciones, Generalitat y Ayuntamiento, al tiempo que la desinformación está generando expectativas a las familias que luego no se pueden cumplir, aseguró.
El PP denunció que «es muy grave» la circular. «Esta práctica, propia de regímenes dictatoriales como Venezuela que tanto le gustan a Ribó, debe desaparecer del Ayuntamiento. No se puede coartar su libertad a los trabajadores municipales para que no cuenten la realidad».
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