La pandemia monopolizó el año 2020 a nivel mundial y, como no podía ser otra manera, así lo reflejan también los informes de fiscalización de las cuentas de la Generalitat y su sector público de ese ejercicio que ayer la Sindicatura de Comptes entregó a ... Les Corts. El ente auditor refleja un escenario de descontrol en la contratación administrativa de la Generalitat durante los meses más duros de la pandemia y, aunque justifica la falta de suministros y la imprevisión de la pandemia, no duda en tirar de las orejas al Gobierno valenciano por una serie de incumplimiento significativos que ensombrecen la gestión sanitaria. Para ello, en un ejercicio especialmente marcado por la pandemia, el organismo ha elaborados varios informes especiales con los que pone el foco en el comportamiento delConsell durante la pandemia, tanto a nivel de contratación como de concesión de ayudas y subvenciones a los afectados.
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Y es ahí donde la Sindicatura de Comptes alerta de alrededor de cuarenta contratos tramitados por emergencia que presentan irregularidades administrativas que dejan un paisaje en el que no existía acreditación de los hechos que daban lugar a acuerdos por emergencia, falta de constancia en precios de las prestaciones, o imposibilidad para verificar que los contratos se han ejecutado o los suministros se han recibido. Sobre todo, en el caso de los acuerdos firmados con contratos ejecutados en el exterior. Y más concretamente, las compras en China. Las sospechas alcanzan, sobre todo, a una treintena de contratos de material sanitario por importe de más de 152 millones de euros.
Según explicó este jueves el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, aunque «la mayoría de contratos están correctos», dada la situación de pandemia, el Consell debe planificar mejor sus compras de suministro. El descontrol detallado por el informe es tal que la Sindicatura reconoce que en algunos casos (casi 300 millones de euros) no ha podido «verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación. Este incumplimiento, de carácter generalizado, se agrava en los casos en que se acordaron pagos anticipados, sin que posteriormente se acredite que el contrato haya sido ejecutado de conformidad». Respecto a los contratos con China, el ente auditor alerta de que a día de hoy, aún «se desconocen las razones por las cuales determinados contratos a ejecutar en el extranjero se acordaron con empresarios intermediarios situados en España». Es el caso del empresario chino de Ontinyent, con quien el Consell suscribió varios acuerdos para fletar aviones y cuyos honorarios nunca han sido desvelados.
Además, tampoco existen actas de conformidad del suministro recibido, ni constan gastos de transporte de la mercancía ni, en algunos casos, documentos aduaneros que permitan vincular las mercancías recibidas con las facturas. Tampoco ha aportado elConsell el inventario de materiales que almacena en Feria Valencia, más allá de una relación de mercancías ordenadas por proveedor y producto, «sin que se pueda identificar los albaranes de entrada ni el coste unitario del producto».
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Eso, respecto a los contratos por emergencia, porque en relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de Sanidad, la Sindicatura alerta del importante volumen de gastos de carácter sanitario contraídos «sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas». La cifra, que marca un récord, se situó en 2020 en más de 1.602 millones de euros al margen del presupuesto.
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Respecto al informe general, la Sindicatura no ha encontrado situaciones que puedan representar responsabilidad contable, pero pinta un panorama de asfixia económica para el Botánico, con patrimonio neto (la valoración de toda la administración una vez descontadas sus deudas) es negativo, por 36.219,8 millones de euros (en 2019, -34.814,0 millones de euros). La deuda financiera se situaba en 2020 en 52.449 millones de euros, pero como nota positiva, los auditores observan una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios 2018 y 2019 (por un incremento mayor en las obligaciones que en los derechos) y vuelve a disminuir en 2020 condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia.
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Durante el ejercicio 2020, se tramitaron 446 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.763 millones de euros, y las facturas en los cajones (obligaciones no reconocidas) se elevaron hasta los casi 900 millones de euros.
La contratación de los hospitales de campaña que el Consell instaló en Alicante, Castellón y Valencia para hacer frente a la primera ola de covid también tiene reparos por parte de la Sindicatura. Justicia ordenó en marzo la instalación y dotación de los tres centros temporales por 4,8 millones de euros. Unos días antes, Sanidad había adjudicado de manera verbal dos contratos por importe de 7,6 millones de euros para el suministro sanitario de los hospitales, un encargo que quedó formalizado a finales de abril en un caso y a finales de marzo, en otro. En total, Sanidad y Justicia pagaron 12,5 millones de euros, pero posteriores desavenencias con el contratista dejaron el acuerdo en 10,8 millones. En ambas contrataciones, el pago se realizó mediante anticipos antes de la entrega, y otra parte, a los 30 días.
Según explica la Sindicatura, en los expedientes no consta en ningún caso la justificación de la decisión adoptada por los órganos de contratación sobre la necesidad de utilizar esta forma extraordinaria de anticipos o entregas a cuenta. En cuanto a la ejecución de los contratos de suministro de Sanidad, además de lo indicado con carácter general respecto a la inexistencia de una conformidad de la adecuada recepción del suministro contratado, cabe señalar que la única factura que incluyen los expedientes corresponde a un pago por 2.141.201 euros, sin desglose del material entregado ni del número de unidades ni su precio unitario.
En cuanto a la adecuada finalización y cumplimiento del contrato de Justicia, se observa que el acta de recepción definitiva no se formaliza hasta el 20 de enero de 2021, incumpliéndose el plazo de ejecución estipulado de cuatro meses desde el 23 de marzo de 2020, fecha de inicio del contrato.
Por otro lado, la Sindicatura mantiene la limitación al alcance señalada en informes anteriores en cuanto a la valoración y recepción definitiva de los bienes y servicios de la concesión del servicio público consecuencia de la finalización del contrato con la concesionaria.
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