Más de un tercio del gasto corriente del Botánico en 2022 se hizo sin crédito suficiente y sin contrato

El órgano fiscalizador señala al respecto que en 2022 «se han tramitado 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto por un total de 1.357,7 millones de euros». De este importe, un 82,8% corresponden a la Conselleria de Sanitat, un 11,8% a la de Igualdad y un 3,4% a la de Hacienda. «Los gastos incluidos en estos expedientes de resarcimiento corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y que se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», se remarca. «Los gastos incluidos en estos expedientes son nulos de pleno derecho», se zanja.

La Sindicatura alerta de que esos 1.357,7 millones de euros abonados mediante este procedimiento representan el 37,1% de las obligaciones reconocidas en el capítol 2, »Gastos de funcionamiento», de la Administración de la Generalitat, que es el capítulo en el que se generan la práctica totalidad de estos expedientes (98,6%). Es decir, más de un tercio de los gastos de funcionamiento de toda la administración autonómica se realizaron bajo esta fórmula.

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El informe de la Sindicatura no afecta en esta ocasión a las empresas del sector público de la administración autonómica, sino a la contratación de las consellerias que constituyen el Gobierno de la Generalitat. «En la mayoría de los expedientes revisados las condiciones especiales de ejecución, los criterios de adjudicación y las mejoras presentan incidencias importantes. La mayor parte de las consellerias no dispusieron de un procedimiento formal (...) para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses de todo el personal que participa en el proceso de licitación».

La Sindicatura alerta de que, en general, «los medios personales de las consellerias son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a término una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública». El órgano fiscalizador señala que, de la misma manera que para determinados servicios se requiere personal especializado, «para la elaboración de la documentación administrativa es necesario personal con bastante formación en contratación pública».

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Quizá esa falta de personal especializado es el origen de la suma de deficiencias que encuentra la Sindicatura. «La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato no se determinan con precisión». «El objeto del contrato no está adecuadamente determinado». «Los contratos no contienen un precio cierto». «No se justifica adecuadamente la elección de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato». «No se cumplen los requisitos para la tramitación de urgencia». «No se cumplen los requisitos legales para la tramitación de emergencia». «La resolución de adjudicación no contiene la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso fundado contra la decisión de adjudicación». «El perfil de contratante no contiene toda la información requerida».