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«Alucinante». Así define la situación un imputado en una de las causas judiciales que implican a personas vinculadas con el socialismo valenciano. Lo «alucinante» es que Manolo Mata, número dos del PSPV y síndic en Les Corts del grupo parlamentario, esté personado como abogado de un investigado en el Caso Alquería y también defienda al considerado por la UCO como el corruptor de todo el entramado de comisiones, sobornos y regalos del Caso Azud. En el tripartito también «alucinan» con la dualidad de Manolo Mata. Los socialistas lo admiten en privado. Desde Compromís evitan contestar en público. Podemos reconoce ante los micrófonos que es «raro», indica la síndica morada, Pilar Lima. Entre los podemistas reina la estupefacción. «Insostenible» es la palabra utilizada por dos altos cargos del Consell, uno del PSPV y otro de Compromís.
Hace un año, cuando se supo que Mata se incorporaba a la defensa de Febrer, ya hubo revuelo en el tripartito. El levantamiento parcial del secreto del sumario y el conocimiento de la instrucción judicial que detalla hasta qué punto el cliente de Mata negoció y regaló a troche y moche, con miembros del PP y del PSPV, incrementa la incomodidad en las filas de la izquierda. Inquieta el modo en que Mata transita entre el presunto corruptor y los supuestos corrompidos. La oposición, por su parte, teme que el síndic socialista ejerza de intermediador entre los intereses de su partido y los de su cliente, en la lupa del juez por si financió acciones electorales del PSPV.
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La situación es tan rocambolesca que el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, asegura que su partido no conoce el sumario de Azud. Sin embargo, su vicesecretario y síndic participa en la defensa de Jaime Febrer. Si Mata es un abogado competente, y siempre lo ha sido, ya habrá tenido acceso al sumario que Muñoz dice que el PSPV desconoce, a pesar de que uno de sus principales dirigentes está implicado en su defensa. Mata es, por tanto, abogado de un presunto corruptor de cargos socialistas durante los primeros años de la década de 2000.
Febrer tuvo la suerte en su día de tener trato y confianza con dos abogados muy bien relacionados: Corbí, cuñado de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y José Luis Vera, un conseguidor socialista bien conectado con el PSPV de entonces y en el de ahora (sueldo de alto cargo en la Diputación de Valencia). Vera es pareja de Maria Antonia Armengol, exdiputada socialista. Si entonces Febrer tuvo suerte, ahora tampoco le va mal. En el equipo de letrados que le defiende está Mata, síndic del PSPV y hombre de confianza de Ximo Puig (habla con él todos los días, según Mata).
En Valencia hay más de 10.000 abogados y Febrer, primero a la hora de hacer negocios y luego para defenderse, ha dado con tres letrados muy bien conectados con las más altas esferas políticas del bipartidismo en la Comunitat. Fuentes del PSPV admiten en privado lo complicado que es justificar el papel dual de Mata. Muñoz afirma que es «compatible». Ciertamente, es completamente legal. Lo ilegal sería, según la instrucción, lo que hicieron los socialistas 'engrasados' por Febrer en, al menos, media docena de localidades de la Comunitat. «Otra cosa es que lo podamos explicar», matiza un destacado miembro del partido, que lamenta: «Pero como nadie le dice nada». Ese «nadie», por escala jerárquica, sólo puede ser Puig, el secretario general del PSPV. No hay «nadie» por encima de Mata en el organigrama del partido más allá del presidente de la Generalitat.
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No es la primera vez que Mata ejerce un papel de gran importancia en el partido, aunque nunca tan destacado como en la actualidad, desde que el tripartito llegó al Consell en 2015. Algunos de esos años que se investigan en Azud, 2006 y 2007, el actual síndic era portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSPV, que en aquel tiempo llegó a costear con el dinero de Febrer parte de la campaña de Unión Valenciana, según la instrucción judicial, un patrocinio a UV que buscaba desgastar al PP.
La síndica de Compromís, Papi Robles, preguntada por la capacidad de Mata para estar en todas partes, no sabe y no contesta. Deriva el tema a otra ventanilla: «Pregunten al PSPV». La líder de la coalición econacionalista, Mónica Oltra, interrogada hace un año, argumentó que «el derecho a la defensa no se dirime en parámetros de (lo que es) ético o estético». El problema, en este caso, no es el qué, sino el quién.
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