La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. lp

La víctima del ex de Oltra reclama a la Audiencia que reabra una investigación a Igualdad

El juzgado archivó la causa porque la condena no es firme y el educador puede recurrir al Supremo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 1 de octubre 2021, 16:33

La víctima de los abusos de Luis Ramírez Icardi, el exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra, busca amparo en la Audiencia de Valencia para que reabra la investigación a cuatro funcionarios de la Conselleria de Igualdad por la supuesta desprotección ... que sufrió la joven por parte de la Administración.

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La menor, asesorada por el letrado José Luis Roberto, dirigente de España 2000, ha emprendido dos procedimientos para salvaguardar sus derechos. Por un lado, una reclamación patrimonial a la Conselleria (240.000 euros) de la que acaba de incoarse el expediente. Pero, por otro, impulsó una querella contra cuatro responsables de la Conselleria de Igualdad. Sin embargo, el juzgado, con un informe favorable de la Fiscalía, decidió archivar el procedimiento porque los hechos que se pretenden investigar no son firmes. La sentencia del TSJ puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La representación de la joven, hoy ya mayor de edad, considera que el último pronunciamiento del TSJ ya sería suficiente para iniciar una investigación penal. Una resolución del Tribunal Supremo podría atenuar la pena, pero los hechos resultan ya «inamovibles». En cualquier caso, subraya que la fecha de la decisión del juez es previa al fallo del TSJ y, por tanto, ahora quizá la Audiencia pueda modificar el criterio del instructor.

Pero, al margen de las anteriores consideraciones, el letrado de la víctima sostiene que resulta indiferente la necesidad de la sentencia firme para iniciar una instrucción. «Ninguno de los posibles delitos que pueden integrar exige como condición objetivo de perseguibilidad la existencia de una condena penal previa», recoge el recurso. Cita, por ejemplo, el derecho a la intimidad de la menor, si no se le asistió como requería la tutela o si se dictó una resolución arbitraria en el ámbito administrativo. De igual modo, alerta a la Audiencia de la necesidad de un pronunciamiento ante el riesgo de que algunos de los ilícitos penales puedan prescribir. Los hechos son del primer semestre de 2017.

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