Zaplana pide la comparecencia de Villarejo tras asegurar que el PSOE usó a un confidente sirio para destruirlo

Esta hipótesis forma parte de la declaración que el mando policial prestó esta semana en la Comisión de investigación sobre el uso de medios del Ministerio del Interior para operaciones parapoliciales destinadas a favorecer al PP. La respuesta la dio Villarejo tras una pregunta del diputado valenciano Luis Santamaría. Zaplana pretende que el funcionario aporte todos los datos de esa supuesta trama en sede judicial. La decisión final depende de la titular de Instrucción 13, que instruye la causa. Hasta la fecha, la magistrada ha denegado todas las diligencias solicitadas por el político para apuntalar su estrategia de defensa.

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La representación legal del expolítico considera que puede tratarse de Imad Ahmad Al Naddaf Yalouk, el hombre que facilitó a Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, unos documentos que permitieron la apertura de unas diligencias secretas que desembocaron en la detención del exministro de Trabajo. Esos papeles contenían el nombre de determinadas sociedades que permitieron, según la UCO, encontrar una importante fortuna en el extranjero atribuida al expresidente del Consell. Al parecer, según detalló este ciudadano a los agentes, la documentación la encontró en un piso que en su día había ocupado Zaplana cuando residía en Valencia. El expresidente ha cuestionado esta tesis porque algunos de los datos que figuran en esos papeles son posteriores a que cambiara de residencia. Es decir, no pudo olvidarse una documentación que contenía información que todavía no se había producido. Esto es lo que sostiene el expolítico popular.

El ciudadano sirio entregó esos papeles, considerados por los investigadores como la «hoja de ruta» del caso Erial, al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Y la documentación llegó a la UCO en un registro del despacho del abogado del exgerente de Imelsa. En aquel entonces se encargaba de la defensa el despacho de Blasco Morales. Recientemente, Benavent ha cambiado de letrado lo que augura un cambio de estrategia.

La defensa de Zaplana sostiene que en aquel registro no se respetaron las garantías constitucionales. Se debió, según su criterio, que la fuerza actuante informara al juzgado del «hallazgo» realizado durante la práctica del registro, para que éste, en su caso, «extendiera la autorización de entrada y registro a los documentos no relacionados con el objeto inicial de la diligencia».

El motivo del registro de aquel despacho estaba relacionado con el caso Imelsa, la operación contra la trama de corrupción que supuestamente lideraba Alfonso Rus. En aquel entonces, Benavent se convirtió en el principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, su confesión ha permitido construir buena parte de las piezas separadas de esa macrocausa.