«Nos sentimos decepcionados con la justicia, pero tenemos que cerrar el proceso del duelo por la muerte de nuestro padre»

El próximo día 3 de diciembre se cumplirán cinco años del fatídico accidente en el que Juan Vicente Falcó, vecino de Bellús de 66 años, perdiera la vida, tras cruzarse por la vía en la que circulaba, la CV-612 un caballo que se había escapado de una explotación ecuestre de las inmediaciones.

Cinco años en el que sus hijos han estado luchando por que se hiciera justicia y la muerte de su padre no quedara en vano. La última esperanza se acababa hace unos días tras saber que la procuradora que debería haber interpuesto el recurso por el archivo de la causa penal dictado por la titular del juzgado número 3 de Ontinyent, no lo presentara.

«Desistimos. No podemos más. Sabemos que la justicia ya no vamos a tener respuesta y necesitamos cerrar este capítulo. Nos sentimos muy decepcionados con la Justicia, pero tenemos que terminar el proceso de duelo para poder seguir con nuestras vidas», manifiesta Marcos Falcó, uno de los hijos y portavoz de la familia.

A la decepción del archivo por parte de la jueza se suma el saber que no se ha presentado el recurso con el que pretendía seguir adelante el proceso judicial. «Mis hermanos y yo no queremos juzgar la profesionalidad, pero creemos que se ha dejado perder esta causa», manifiesta Marcos, quien apunta que han interpuesto una reclamación ante el colegio de Procuradores.

Si bien son consciente de que tenían difícil de que se reabriera el caso, dado que la titular el juzgado número 3 de Ontinyent ya manifestó que era un caso que debería juzgarse por lo civil, consideran que hay suficientes elementos que incriminan al propietario del animal para que se juzgue por muerte imprudente.

Como ya manifestara hace unos meses a LAS PROVINCIAS, el juzgado número 3 de Ontinyent archivó la causa incluso sin llegar algunas de las pruebas pendientes como era el análisis de la tierra hallada en la pezuña del animal para determinar si procedía o no de la explotación equina, prueba pericial que la misma instructora había solicitado.

«Seguimos sin entender cómo la jueza no vio una causa penal. Hablamos de una persona que tenía denuncias previas por infinidad de irregularidades, entre ellas la ilegalidad de la explotación, que no había vallado, que los animales no contaban con chip, que ya se había denunciado en numerosas ocasiones la presencia de animales en la carretera y el peligro que suponía...», lamenta el hijo de Juan Vicente.

«¿Seguir por lo civil? Desde un principio consideramos que era una causa penal y siempre hemos dicho que no buscamos recompensa económica, aparte de que el principal culpable es insolvente», subraya.

Hasta que su padre no murió no se actuó en el cierre del picadero ilegal y se produjo varios años después. Es lo único positivo que sacan del hecho de perder a su padre. La impotencia por que nadie responda a esa injusta pérdida la seguirán teniendo, pero entienden que después de este tiempo y con todo en su contra, es el momento de cerrar este capítulo de sus vidas y seguir adelante.

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