Torró culpa a los funcionarios y a sus ediles de los pagos irregulares: «Todos estaban en el consejo de IPG»

El día ha llegado y Arturo Torró, exalcalde de Gandia, ha declarado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Una causa por la que se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, como solicita la fiscalía, todo por un pago irregular de medio millón de euros a una empresa del sector audiovisual.

La sesión ha tenido lugar este martes 20 de diciembre en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y, antes de arrancar, la defensa de Torró ha vuelto a solicitar la suspensión del juicio por si se modifica el delito de malversación en el Código Penal. Los magistrados han rechazado esta petición, como ya hicieron el primer día de vista.

Torró ha sido claro y señalado directamente a los funcionarios del Ayuntamiento que supervisaban su gestión en las Juntas de Gobierno, donde se le daban las instrucciones a Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), una mercantil municipal creada por su predecesor en el cargo José Manuel Orengo, del PSPV, para gestionar servicios públicos, desde la comunicación hasta el deporte en la ciudad.

El exalcalde, en su comparecencia, ha optado por no contestar las preguntas de ni del Ministerio Fiscal, ni de la acusación particular, el Ayuntamiento de Gandia. El exprimer edil sólo ha respondido a las cuestiones que le ha formulado su letrado y ha sido ahí cuando se ha eximido de cualquier responsabilidad de las que se le acusa.

Para ello ha hecho constantes referencias a la situación económica que heredó del ejecutivo anterior, de Orengo, así como ha culpado a algunos funcionarios de ver las decisiones que se tomaban en las “Juntas de Gobierno y las tareas que se encargaban a IPG sin que pusieran reparo alguno”. Pero ha ido a más y ha hablado de los que fueron sus compañeros en el ejecutivo, otros 12 ediles del PP. Esta formación ha sido la única que ha logrado en Gandia la mayoría absoluta.

Torró ha explicado que sus concejales estaban en los consejos de administración de la empresa IPG, órgano que regía la mercantil pública y donde se aprobaban sus cuentas. “Nadie ponía pegas, todo eran aplausos, a veces hasta de la oposición. La televisión pública e ilegal que cerramos costaba nueve millones por legislatura y ante eso teníamos que actuar”.

Durante sus respuestas ha ido alternando argumentos relacionados con la mala situación económica y con la actuación de los técnicos. Por un lado, ha hecho mención a Juan Antonio Juárez, un funcionario del consistorio que ha acudido como testigo pero que no está encausado. A él, ha dicho, le encomendó todas las decisiones relacionadas con las actuaciones de IPG ante la “ruina económica”.

Torró ha llegado a recordar en el juicio que Orengo le dejó una hucha con 25 céntimos de euro y una etiqueta: “Esto es lo que queda suerte”. Este hecho fue muy comentado y el propio Orengo llegó a arrepentirse de ello. De hecho, la auditoría que encargó Torró a la consultora Deloitte resolvió que Gandia tenía una deuda de “unos 300 millones” en 2011, entre facturas impagadas, pólizas y préstamos bancarios. Hoy es de unos 270, aproximadamente.

Las menciones a la ruina económica han sido tantas, que el juez le ha llegado a cortar dos veces, indicado que no hiciera manifestaciones políticas y que respondiera a lo que le preguntaban. Sobre el pago del medio millón de euros para indemnizar a una televisión ha precisado que ese abono se hizo al empresario ante la deuda que se arrastraba con él. Ha venido a decir que era eso o que pusiera una demanda y tener que pagarle millones.

Este martes han testificado también el exasesor de Torró, Javier Reig y el edil Antonio Abad, así como Cristina Serrano. En la causa, se juzga la supuesta irregularidad de un pago de casi medio millón a un empresario, también enjuiciado. El abono se hizo desde IPG el 7 de junio de 2012, "a sabiendas de que no había causa que lo justificase, causando un claro perjuicio para las arcas públicas, contando con la colaboración del otro acusado y con el consiguiente dominio del hecho por parte del mismo para poder llevar a cabo el acuerdo y la ejecución de dicha indemnización", como relata el escrito de fiscalía.

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