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El hospital de campaña ubicado junto a la nueva Fe merece acumula un rosario de desdichas desde que se levantó para dar cobertura a los ingresos por coronavirus. El Ayuntamiento de Valencia ha lanzado un ultimátum a la conselleria de Sanidad y le advierte ... de que si en un plazo de dos meses no legaliza la infraestructura con las oportunas licencias procederá a su demolición. Un conflicto más entre el área de Urbanismo municipal, que dirige Sandra Gómez, y el departamento de Ana Barceló. Ambas son del mismo partido, el PSPV, y mantienen un pulso por una infraestructura que ha sido uno de los centros de la polémica en los últimos meses.
La orden en la que se da el ultimatum a la conselleria de Sanidad para que regularice la situación del hospital de campaña la firmó Gómez el pasado 28 de octubre. La inspección de la instalación por parte de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento se produjo el pasado 17, «tras varios intentos de coordinación», con los responsables del centro hospitalario.
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El informe confirmó el 7 de octubre que el promotor de las obras «no había solicitado la licencia de intervención ambiental para la apertura del hospital». Un trámite necesario para poder ejercer la actividad «y legalizar la situación actual existente». Además, «el promotor no ha solicitado el correspondiente título habilitante para la ejecución de las obras», por lo que la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia da un plazo de dos meses para que se subsane esta situación. «Por tanto, el promotor de las instalaciones inspeccionadas anexas al hospital La Fe deberá realizar en un sólo trámite conjunto la legalización tanto de la propia instalación sanitaria Covid-19 como de las obras necesarias que las alberga, previa la obtención del correspondiente certificado de compatibilidad urbanística de las mismas«, dicta la resolución, que da un plazo de dos meses a la conselleria de Sanidad desde la notificación para que regularice la situación.
Los hospitales de campaña, uno en cada capital de provincia de la Comunitat, fue el proyecto estrella del Consell para hacer frente a la pandemia. En un principio, el presupuesto rondaba los 9 millones de euros pero las modificaciones solicitadas y ejecutadas generaron unos sobrecostes que se tradujeron en un coste final próximo a los 16 millones de euros. Una cantidad que no ha sido satisfecha en su totalidad y que mantiene un pulso entre la Generalitat y la empresa adjudicataria que puede terminar en los tribunales.
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La medida adoptada por el Ayuntamiento es un paso más a pesar de que desde la conselleria de Sanidad siempre se ha defendido que el hospital de campaña de la nueva Fe no necesitaba licencia porque es una instalación provisional. El informe de los técnicos, además de la falta de licencia, sacaba a la luz varias irregularidades en un hospital que sólo acogió un par de noches a una veintena de pacientes y que ha utilizado como vacunódromo y centro de pruebas PCR.
La portavoz del PP, María José Català, calificó ayer de «despropósito el hospital de campaña de Puig. Además, Ribó y Gómez llegan tarde y han demostrado su dejadez». La dirigente denunció que las instituciones han tardado un año en tomar una decisión y que el hospital de campaña ha funcionado durante los últimos meses sin licencia.
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