La DGT, en pie de guerra contra el fraude de los 'coches zombie'

La DGT empieza 2021 en pie de guerra contra los 'coches zombie'. Los dirigentes de Tráfico han puesto a los desguaces irregulares en el punto de mira y quieren modificar la normativa actual para fijar un periodo máximo para la baja temporal de los vehículos, ya que se han observado prácticas ilegales en algunos desguaces «irregulares», como la venta de los coches o de sus piezas en lugar de descontaminarlos y darlos de baja definitivamente.

Por ello, la DGT ha comenzado a enviar cartas a los titulares de los vehículos que han solicitado la baja temporal de este para informales de la situación administrativa en la que se encuentra su coche. Esta iniciativa irá acompañada de la modificación reglamentaria que Tráfico pretende impulsar para establecer un límite temporal de dichas bajas y evitar el inadecuado uso que se está haciendo de ellas.

Tráfico sospecha de fraude desde hace un tiempo porque se ha observado un aumento de las bajas temporales de vehículos presentadas ante las jefaturas provinciales de Tráfico, al pasar de 60.982 tramitadas en 2014 a 132.459 durante 2019.

La baja temporal es un procedimiento administrativo que permite al ciudadano comunicar a la DGT la intención de retirar temporalmente su vehículo de la circulación. Por ejemplo, cuando alguien se va a vivir fuera una temporada, quiere conservar el coche pero no pagar los gastos que conlleva, como el seguro o el impuesto de circulación, y comunica a la DGT su baja temporal, que no tiene límite.

Para dar de baja definitiva al coche cuando el propietario ya quiere desprenderse de él, lo habitual es recurrir a los desguaces autorizados, que son los que finalmente deben tramitar la baja definitiva.

España no es el único lugar en el que esta práctica es habitual, ya que en otros países de la Unión Europea también se lleva a cabo. Por este motivo, la Comisión Europea publicó un informe en el que señala la necesidad de adoptar medidas sobre estos procedimientos administrativos y la mejora de la información que existe al respecto.

Además, desde el año 2000, el Parlamento Europeo y el Consejo establecieron la obligatoriedad de que todos los Estados llevasen a cabo un tratamiento medioambiental de los vehículos al final de su vida útil.

Una medida que fue implementada en el año 2004 en España, cuyo certificado se remitía al titular del vehículo junto al documento de baja definitiva del mismo.