La falta de personal sólo permite cobrar 454 de las 70.000 multas por infracciones del Covid

La ley está hecha, las infracciones descritas, los policías instruidos y las multas interpuestas. Pero faltan manos para tal volumen de denuncias. Es la encrucijada en la que se encuentra la Conselleria de Justicia después de legislar las restricciones para prevenir contagios de coronavirus y el régimen sancionador de desobediencias. Según datos del departamento autonómico, hay 70.000 denuncias pendientes de tramitar, sólo se han iniciado 3.000 expedientes sancionadores, han finalizado 491 y se han cobrado 454.

A pesar de que el decreto que marca el régimen sancionado nació en julio del año pasado aún no se ha dispuesto un refuerzo de personal de gestión acorde con el volumen de denuncias generadas por culpa de fiestas ilegales, ausencia de mascarillas, incumplimiento de horarios.

Ante el aluvión, la Conselleria de Justicia anunció ayer «un plan de choque con más personal y recursos tecnológicos para acelerar la tramitación de las denuncias» interpuestas en aplicación del decreto-ley, el 11/2020. La Generalitat alude a un «incremento exponencial» en el número de denuncias durante diciembre, lo que deja la cifra en esas 70.000 infracciones detectadas por policías y guardias civiles y pendientes de tramitar por la Generalitat. De ellas, 35.000 corresponden a Valencia, unas 25.000 a Alicante y 10.000, a Castellón.

La Conselleria de Justicia se ha visto, literalmente, desbordada. No ha habido previsión para lo que se avecinaba. Así lo expresa la conselleria bajo el mando de Gabriela Bravo: «Semejante volumen de denuncias ha de ser tramitado por el Servicio de Espectáculos Públicos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública».

Este equipo «estaba, hasta ahora, dimensionado para tramitar las posibles sanciones referidas a su ámbito de competencia». Es decir, fiestas populares, locales de ocio con actuaciones en directo o espectáculos taurinos, entre otros. Gestionaban entre 250 y 300 procedimientos sancionadores cada año antes de la pandemia. Ahora, obviamente, se ahogan entre tanta denuncia. De ahí el anunciado refuerzo.

Según Justicia, desde la entrada en vigor del régimen sancionador en verano se han iniciado 3.003 expedientes sancionadores: 972 corresponden a la provincia de Alicante, 1.309 a Castellón y 478 a Valencia. De esos más de 3.000 expedientes se han finalizado únicamente 491 y se han cobrado 454.

Como ahonda la Generalitat, todas las infracciones consideradas graves y muy graves (61) ya han sido tramitadas. Al ser consideradas prioritarias su gestión es más ágil. Son las provocadas por no usar mascarilla o el empleo inadecuado de la protección las que suponen el mayor volumen de expedientes. En estos casos «el procedimiento administrativo de cada propuesta de sanción puede durar hasta un año», detalla Justicia.

Según Delegación del Gobierno, la Policía Nacional ha interpuesto unas 50.000 sanciones desde que se impuso el toque de queda en la Comunitat, la mayoría por no llevar mascarilla o incumplir los horarios. La Guardia Civil, encargada de velar por el cierre perimetral, ha elevado 5.000 denuncias.

Según el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), por el momento no se ha detectado un aumento de litigios en los tribunales valencianos por las sanciones de la pandemia, «pero aún es pronto porque hay un plazo de seis meses para presentar recursos por vía administrativa».

Las denuncias no cesan. Este mismo fin de semana la Guardia Civil intervino para disolver una fiesta organizada en un hotel de Sagunto por la hija de la propietaria del establecimiento. Había bebidas, música y una decena de colegas reunidos a pesar de la prohibición de estos eventos.

Otra celebración ilegal fue atajada por la Guardia Civil en un aparcamiento junto al cementerio de Chulilla. Reunió a una treintena de personas bebiendo sin mascarillas, sin distancia de seguridad e incumpliendo el toque de queda. La Guardia Civil ha identificado a 29 personas en estas y otras fiestas similares en Olocau y Canet.