El plan de los hosteleros: reabrir las terrazas entre el 10 y el 25 de mayo

La patronal Hostelería de España cree que se podrá comenzar a abrir terrazas entre el 10 y el 25 de mayo, según las conversaciones que han mantenido con las autoridades sobre cómo será el proceso de desescalada para este sector.

Fuentes de la patronal han avanzado que les han explicado que las fechas también son susceptibles de variar en función de la Comunidad Autónoma, dependiendo del grado de afectación y del riesgo de cada región.

De acuerdo con la información que maneja la patronal, las terrazas podrán comenzar a operar de nuevo entre el 10 y el 25 de mayo aunque con limitaciones de aforo, lo que obligaría a reducir en cerca de un tercio su capacidad habitual. Además, desde el 5 de mayo está previsto que se recupere el servicio de recogida de comida en el local.

En una tercera fase, a partir del 25 de mayo, sería el turno para los establecimientos de más de 70 metros cuadrados que tengan servicio de mesa, en los que el aforo también se vería reducido en cerca de un 33 % y donde se usarían «medidas de separación». Por el momento no hay estimaciones sobre cuándo reabrirán los locales de menos de 70 metros.

Los bares y restaurantes están cerrados desde el pasado 14 de marzo por el estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la propagación de la COVID-19, con la única salvedad del servicio de envío de comida a domicilio.

En un documento elaborado por la consultora EY para Hostelería de España y otras patronales sobre el plan de apertura para el período «post-confinamiento», se especifica que Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana serían las regiones que primero deberían permitir recuperar la actividad a bares y restaurantes.

El estudio, al que ha tenido acceso Efe y que pretende servir de base en la propuesta que realizará el sector al Ejecutivo, deja para una «segunda oleada» a Baleares, Murcia, Galicia, Asturias y Aragón, y en una tercera y última fase sitúa a Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Esta lista «prioriza la seguridad sanitaria por encima del riesgo económico», de acuerdo con sus autores, que ponderan variables como el número de contagiados por cada 100.000 habitantes, la cifra de fallecidos o la tasa media de contagios.