Un empresario procesado por la muerte de un trabajador sin contrato al caer de un andamio en Alboraia se enfrentará en el juicio a una pena de siete años de prisión, la condena que pide la acusación particular por los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores.
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El accidente tuvo lugar el 12 de febrero de 2021 cuando el trabajador ecuatoriano Luis Víctor Gualotuña sufrió una caída desde el andamio que estaba desmontando en un edificio de tres plantas en la calle Tavernes Blanques de Alboraia.
Tras escuchar un fuerte golpe, un compañero acudió en auxilio de la víctima y llamó por teléfono al responsable de la obra y propietario de una empresa de reformas, Miguel P. C., quien decidió no avisar al 112 y trasladó al herido primero a su empresa y luego al Hospital Clínico.
Gualotuña, que tenía 55 años, falleció nada más ingresar en el Servicio de Urgencias después de que el procesado y otro trabajador lo llevaran en una furgoneta al centro hospitalario y se marcharan sin facilitar sus datos. El empresario dijo a un celador que había encontrado a la víctima en estado ebrio en la calle, según la acusación particular.
Cuando recibió la primera asistencia en el hospital, Gualotuña estaba ya moribundo debido a las graves lesiones internas que sufrió por la caída. El trabajador se precipitó desde una altura de seis metros y no llevaba puesto el arnés de seguridad, según declaró a la Guardia Civil un compañero de la víctima.
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Días después, la Guardia Civil de Moncada detuvo a Miguel P. C. como presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. Los investigadores también tomaron declaración a los compañeros de la víctima para esclarecer por qué no llamaron al 112.
La Fiscalía considera que los hechos relatados «son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia», y pide una pena de dos años de prisión y una indemnización de 300.000 euros para la dos hijas de la víctima.
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Según el Ministerio Público, la víctima trabajaba para la empresa del encausado sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social y procedió a desmontar el andamio sin la formación necesaria y sin los equipos de protección adecuados.
El abogado Mariano Lorente, que representa a las hijas del trabajador fallecido, señala también en su escrito que el andamio tubular que desmontaba la víctima fue instalado con piezas prefabricadas y no reunía los requisitos que establece la normativa de seguridad.
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La empresa de construcción del encausado, que se dedica principalmente a reformar viviendas, había contratado un seguro con Axa, por lo que la Fiscalía considera a la compañía «responsable civil directa». Sin embargo, la aseguradora niega su responsabilidad y afirma que el encausado deberá asumir las indemnizaciones civiles derivadas del delito que cometió, ya que los hechos investigados no están cubiertos por la póliza concertada.
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