La Audiencia de Valencia impone 22 y 17 años de prisión a Maje y Salva por el crimen de Patraix

Los autores del crimen de Patraix ya conocen su castigo. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a penas de 22 y 17 años de prisión a María Jesús Moreno Cantó, más conocida como Maje, y a su examante Salvador Rodrigo Lapiedra, respectivamente, por el asesinato a cuchilladas del marido de ella, el ingeniero Antonio Navarro Cerdán, en un garaje del barrio valenciano de Patraix, según el fallo notificado este martes a las partes.

La sentencia, que puede ser recurrida en un plazo de diez días ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, recoge el veredicto de culpabilidad emitido el pasado 30 de octubre por el jurado popular. El presidente del tribunal, el magistrado José María Gómez Villora, dictamina que los procesados son coautores de un delito de asesinato con alevosía y que ambos planificaron el crimen.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.40 horas del 16 de agosto de 2017 en un garaje de la calle Calamocha en Valencia. Maje y Salva acordaron que el segundo cometería el asesinato con un cuchillo cuando la víctima se dirigiera a su coche para ir a trabajar aquella mañana. La acusada facilitó a su amante la llave de la puerta del garaje e información precisa sobre los horarios de su esposo, el número de plaza, modelo y matrícula del vehículo.

Tras esconderse junto a un coche, Salva asestó seis cuchilladas de forma sorpresiva a Antonio, que tardó menos de un minuto en morir, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse, según declararon dos forenses en el juicio. Después, el asesino se cambió de ropa y se deshizo de los guantes y del cuchillo, que lo arrojó a un pozo séptico de su propiedad, y entre las 13.30 y 14 horas del mismo día del crimen, se reunió con Maje en el domicilio de Natalia M., hermana de la acusada, para confirmarle que había matado a Antonio.

El magistrado considera motivado el veredicto de los miembros del jurado y lo argumenta en su sentencia con los medios de prueba que convencieron al tribunal popular: la declaración de Salva, el acta de levantamiento del cadáver, el informe de la autopsia, dos llamadas telefónicas entre los acusados y los mensajes que envió Maje referentes al cambio de turno de trabajo en la noche anterior al crimen.

Gómez Villora también resalta la declaración de un subinspector del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. El investigador manifestó en el juicio que escuchó en una cafetería la conversación entre los dos acusados cuando preparaban sus declaraciones en el caso de que fueran detenidos, como sucedió pocos días después.

En lo que respecta a la alevosía, el magistrado recuerda que el propio asesino y su defensa reconocen que el ataque «fue súbito, inesperado, sorpresivo», y que la víctima «no tuvo oportunidad alguna de defensa». Además, las circunstancias de la escena del crimen (un garaje) «permiten pensar que es un lugar elegido para asegurarse el éxito del ataque y anular o dificultar en extremo cualquier posible defensa» de la víctima, según la sentencia.

Sobre la participación de Maje en la planificación de la muerte de su marido, el magistrado afirma que es la «cuestión nuclear» del juicio y detalla las declaraciones de los policías y otros indicios que incriminan a la acusada, como el hecho de facilitarle la llave del garaje. Unas semanas antes del crimen, Maje dice a Tomás que su marido «está en la fase terminal de un cáncer y que va a morir pronto», explica Gómez Villora.

De la decisión de la viuda de no delatar a Salva cuando este le dice que había matado a Antonio, el magistrado no encuentra otra explicación que no sea la de la participación de ella en la planificación del crimen. «Tampoco se entiende que, sintiendo temor de Salvador tras la muerte de Antonio, le entregue las llaves de su vivienda o que le encomiende todo tipo de tareas, desmintiendo igualmente ese miedo que aduce el contenido de las cartas que intercambian en prisión», argumenta el presidente del tribunal.

«Verdaderamente exige un esfuerzo imaginativo y de ingenuidad descomunal aceptar la tesis de que María Jesús, sin tener nada que ver en la planificación de muerte de su marido, se limite a encubrir al asesino confeso de éste, al que desprecia y del que no está en absoluto enamorada, pese a lo cual reanuda la relación sentimental con él», añade el magistrado. También asevera que «resulta mucho más aplastante la lógica que aplica la tesis de las acusaciones», y estima la circunstancia agravante de parentesco en la condena de la acusada, motivo por el cual su pena de prisión es mayor que la del asesino confeso.

Tras la muerte de dos compañeros de trabajo de Antonio en un accidente de tráfico, según el fallo judicial, los acusados idearon la posibilidad de acabar con la vida del marido de Maje, eligieron un lugar y un medio para llevar a cabo su acción criminal, ejecutaron el asesinato y prepararon una coartada para el caso de que fueran investigados.

El magistrado aplica la atenuante de colaboración con la Administración de Justicia, una circunstancia que fue apreciada también por el jurado popular en su veredicto. Tras ser detenido el 10 de enero de 2018, Salva reconoció ser el autor material de la muerte de Antonio e indicó a la policía dónde había ocultado el cuchillo. Los investigadores lograron recuperar el arma homicida en una casa de campo de Ribarroja gracias a la información que les facilitó el asesino.

Diez meses después de ingresar en prisión, el preso solicitó prestar una nueva declaración ante el juez instructor de la causa y aseveró que tanto él como Maje, a quien había exculpado hasta ese momento, planificaron la muerte de Antonio.

Sin embargo, el magistrado rechaza la atenuante de reparación de daño que había apreciado el jurado. Con anterioridad a la celebración del juicio, Salva envió una carta a una entidad bancaria donde tenía un plan de pensiones con el fin de rescatar el dinero y ponerlo a disposición de la familia de la víctima, pero el procesado ya ha sido condenado y la transferencia aún no se ha realizado.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia establece también que ambos acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a la familia de la víctima con un total de 250.000 euros: 200.000 euros para los padres de Antonio y 50.000 para su hermano. Además, la pareja condenada debe hacer frente al pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Respecto a las quejas de la defensa de Maje por la existencia de un juicio paralelo contrario a la presunción de inocencia de la viuda –como consecuencia de las noticias publicadas sobre el caso que habrían conformado un estado de opinión proclive a su condena–, el magistrado Gómez Villora afirma que el enorme interés periodístico «no implica necesariamente que el jurado no haya desenvuelto su trabajo con imparcialidad y sin odio ni afecto» hacia los acusados.

Ante la avalancha de publicaciones y con el fin de preservar el derecho de defensa de ambos procesados, el magistrado pidió a los miembros del jurado que se abstrajeran de «cuanto pudieran oír, ver o leer en relación con el asunto fuera de la sala de vistas».