Las denuncias no evitan 11 crímenes machistas en los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana

El último asesinato perpetrado en Sueca ha reabierto el debate sobre la eficiencia de las medidas preventivas que adoptan los juzgados de violencia sobre la mujer, así como el seguimiento de las mismas y la descoordinación entre los propios juzgados.

Además del niño de 11 años asesinado en Sueca por su padre, que tenía suspendidas las visitas a su hijo tras una condena por malos tratos, otras dos menores murieron a manos de su progenitor pese a que la madre de las niñas había solicitado una orden de alejamiento.

Este doble crimen tuvo lugar el 25 de septiembre de 2018 en Castellón. Ricardo C. G., de 48 años y exempleado de una empresa azulejera, mató a sus dos hijas de tres y seis años y después se suicidó al arrojarse al vacío desde un sexto piso.

La madre de las menores había denunciado a su exmarido por amenazas y había pedido una orden de alejamiento, pero la Fiscalía no consideró necesarias las medidas cautelares y el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Castellón archivó las diligencias.

María Soledad M. fue degollada el 9 de mayo de 2021 por su expareja, Virgilio S., en Puerto de Sagunto. La mujer había iniciado los trámites para divorciarse de su maltratador, quien tenía una orden de alejamiento, y también pidió ayuda al Ayuntamiento 48 horas antes de morir, pero las medidas de protección fallaron. El homicida se suicidó al arrojarse de un cuarto piso.

Helena Veslos también había denunciado a su expareja en dos ocasiones y tenía un teléfono de asistencia, conocido como «botón del pánico», para avisar a la Policía en el caso de que su vida estuviera en peligro.

«¡Nos quiere matar, nos quiere matar!», fueron las últimas palabras que escucharon los vecinos de la víctima en Dénia antes de que el asesino, Roman Ch., degollara a Helena en la madrugada del 22 de octubre de 2019.

Alina Mocanu jamás denunció a su verdugo, pero un vecino alertó a la Guardia Civil al ser testigo de uno de los episodios de maltrato de Arthur K. sobre su entonces pareja en Moraira. La víctima, que tenía una fuerte dependencia emocional de su compañero sentimental, se negó a declarar contra él, y a pesar de ello, el juez mantuvo durante seis meses una orden de alejamiento del acusado para proteger a la víctima.

La propia aplicación de la ley al no sostener Alina acusación alguna hizo que el procedimiento acabara con una sentencia absolutoria. El 16 de febrero de 2020, el exmarine Arthur K. mató a cuchilladas a su pareja y arrojó el cadáver a un contenedor de Moraira. Ni la denuncia de un testigo ni la medida de protección impidieron en este caso que el crimen machista se consumara.

Una orden de alejamiento y las medidas de protección policial tampoco evitaron la muerte de Andrea C. en la Nochebuena de 2017. Su exnovio la mató tras obligarla a subir a un coche que después estrelló contra una gasolinera en Benicàssim.

Sobre él pesaba una denuncia por malos tratos y antes hubo una condena por otro episodio violento. Su caso fue clasificado con un riesgo medio y le asignaron una vigilancia policial ocasional y aleatoria.

Katharina pidió ayuda hasta dos veces a la policía alemana por las amenazas y malos tratos de su pareja, aunque fue insuficiente para salvar su vida. La mujer huyó a España y se afincó en Vinaròs, pero los antecedentes de violencia de género no trascendieron en nuestro país.

Tres meses después, el 24 de noviembre de 2017, el asesino viajó desde Alemana hasta la localidad castellonense para asesinar a Kaharina de un disparo en la cabeza. Luego se suicidó con la misma pistola.

Desde el año 2017, otros tres crímenes machista se han registrado en la Comunitat Valenciana pese a que las víctimas tenían medidas de protección tras denunciar por malos tratos a los hombres que luego se convirtieron en sus verdugos.