Familiares de otras cinco víctimas del incendio de Campanar se oponen al archivo de la causa

Los familiares de otras cinco personas fallecidas en el incendio de Campanar estudian personarse en la causa, tal y como hizo el padre del hombre que murió junto a su esposa y sus dos hijos pequeños, al estar también en desacuerdo con el sobreseimiento provisional de las actuaciones judiciales.

El archivo de la causa, apenas dos semanas después del trágico suceso que se cobró la vida de diez personas, ha contrariado a los familiares de las víctimas y también a los afectados que perdieron sus viviendas. Estos últimos piden que se investigue la comisión de un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias de los agentes de la edificación.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia considera que no existen indicios para poder concluir que haya un responsable penal del incendio, y por este motivo acordó el sobreseimiento provisional de la causa.

Tras las primeras investigaciones de la Policía Científica que apuntan a un fallo eléctrico como posible causa del incendio en el apartamento número 86, el juez descarta una «etiología criminal o delictiva», pero las víctimas entienden que el archivo de la causa es prematuro.

«La investigación continúa su curso con el fin de desvelar el origen del fuego, y por este motivo no estamos de acuerdo con la decisión del juez», afirma el familiar de una de las víctimas, cuyo nombre omitimos a petición propia, para justificar su oposición.

Los afectados se quejan de que el magistrado dictara el auto de sobreseimiento sin valorar los informes periciales o el atestado policial sobre la causa del incendio, la propagación de las llamas y el protocolo de intervención de los bomberos.

«Queremos que nos expliquen por qué se propagó el fuego de forma tan rápida, y si algunas de las personas fallecidas podrían haber evacuado sus viviendas por sus propios medios y sin riesgo», señala la misma fuente. «Y no lo hicieron porque parece que obedecieron un protocolo cuya aplicación no era lo más recomendable ante las circunstancias excepcionales del incendio», añade en referencia a las rachas de viento, el material inflamable de la fachada y la virulencia de las llamas.

Los afectados que están en desacuerdo con el auto de archivo creen que el juez debería de haber esperado a recibir el informe con las conclusiones del Grupo de Homicidios y del equipo de la Policía Científica que inspeccionó el edificio siniestrado.

Además, el documento judicial no hace ninguna mención a la posible existencia de delitos de daños por imprudencia grave, como reflejó días después la comunidad de propietarios en su denuncia para que el magistrado investigue supuestas negligencias de los agentes de la edificación.

Los afectados se personaron como parte perjudicada en calidad de acusación particular, y pidieron al juez la reapertura de las diligencias para comprobar si la empresa constructora del edificio incumplió las condiciones de protección contra incendios dispuestas en el Real Decreto 2177/1996.

El incendio tuvo lugar el 22 de febrero en un complejo de dos edificios en la confluencia de las calles Poeta Rafael Alberti y las avenidas Maestro Rodrigo y General Avilés, en el distrito de Campanar en Valencia. El fuego se inició sobre las 17.30 horas en la vivienda número 86 por un fallo eléctrico en un electrodoméstico.

Tras la rápida propagación de las llamas, diez personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas, entre ellas siete bomberos. El voraz incendio destruyó en pocas horas dos bloques de 10 y 14 plantas con 138 viviendas en las que vivían 450 personas.

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