Las fatídicas decisiones del caso de Godella

Los asesinatos de los niños de Godella no pueden considerarse dos muertes más en la lista negra de infanticidios cometidos en España. La alarma social que provoca un doble crimen de semejante crueldad, con víctimas tan vulnerables por su corta edad, y la cadena de despropósitos en la asistencia social y protección policial demandada para los menores en sus últimos días de vida, convierten este caso en uno de los más infaustos que se recuerdan con circunstancias todavía por aclarar.

Unos 20 días antes de los asesinatos, María G. cogió a su bebé en brazos una noche que dormía en casa de su madre y estuvo durante varias horas caminando con su hija pequeña por los campos y caminos de Rocafort. La abuela de los menores avisó a la Guardia Civil, que inició un operativo de búsqueda con la colaboración de policías locales de Rocafort y Godella, así como familiares de María. Uno de los parientes encontró a la joven y a la niña tras recorrer con su moto la zona. Este episodio no fue comunicado a la Fiscalía de Menores, según informaron fuentes del ministerio público.

Horas después de ese primer comportamiento extraño, María volvió a marcharse con el bebé en brazos para deambular por la misma zona tras sufrir un brote psicótico. La Guardia Civil de Moncada puso en marcha otro operativo urgente para buscar a la joven antes de que la familia presentara incluso la denuncia por desaparición. Era un caso preocupante y los agentes no querían perder tiempo, pero el dispositivo policial se suspendió poco después cuando aparecieron María y su hija. Como no había ninguna denuncia por maltrato ni sospecha en ese momento de que la madre pudiera hacer daño a sus hijos, la Guardia Civil no informó de esta actuación a la Fiscalía de Menores.

Una patrulla de la Policía Local de Godella acudió el 11 de marzo, tres días antes del doble crimen, a la casa de campo ocupada por la joven pareja y sus hijos. Otra vez la abuela dio la voz de alarma tras recibir en su móvil un mensaje de wasap que le envió su hija: «Me voy a reunir con el Creador». La mujer alertó a la Policía Local y se trasladó con su pareja en un coche a la vivienda. Los agentes llegaron al mismo tiempo. Gabriel Salvador C. salió con su hija en brazos y habló con los policías, pero estos no detectaron ninguna situación de riesgo para los menores. María restó importancia a su mensaje y pidió a los agentes que se marcharan.

El Teléfono del Menor contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Godella para poner en conocimiento una información facilitada de nuevo por la abuela de los menores. Tras pedir información al centro de salud de Godella y al colegio de Rocafort donde estaba matriculado el mayor de los niños, una trabajadora social abrió un expediente por el posible desamparo de los menores.

El mismo día que los Servicios Sociales de Godella recababan información sobre la pareja y sus dos hijos de cuatro meses y tres años de edad, la abuela de los niños acudió al juzgado de guardia de Valencia para denunciar el riesgo que corrían sus nietos. El magistrado inició unas diligencias previas y remitió esa misma tarde por fax la denuncia a la comisaría de la Policía Nacional de Burjassot-Godella, junto con un oficio que instaba a adoptar «las medidas oportunas en relación con la situación de los menores» como medida preventiva para protegerlos. Pocas horas después, los niños murieron por fracturas craneales.

¿Por qué la Fiscalía no fue informada de la situación de riesgo de los menores? Según informó ayer una portavoz autorizada de Fiscalía Provincial de Valencia, las primeras diligencias realizadas por el ministerio público en relación con este caso están fechadas el 14 de marzo, el día que desaparecieron los menores. Tras 12 horas de intensa y angustiosa búsqueda, la Guardia Civil halló los cadáveres de los menores. María indicó a los agentes del Grupo de Homicidios dónde había enterrado a su hijos tras encontrarlos ya muertos, según la primera versión de la madre. Los investigadores creen que pudo sufrir una psicosis posparto, una enfermedad psiquiátrica que afecta a una de cada mil parturientas, y no descarta la responsabilidad del padre en estos crímenes al no estar determinada aún la autoría.