El Gobierno admite posibles fallos en el análisis de riesgo del parricida de Castellón

El análisis final del riesgo en el caso del hombre que el martes mató a sus dos hijas de 6 y 3 años en Castellón «posiblemente no fue el adecuado». Así lo admitió ayer el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, tras un acto en el que se guardó un minuto de silencio por la trágica y violenta muerte de las menores.

En declaraciones a EFE, Fulgencio pidió esperar a que concluya la investigación del caso para establecer en qué punto concreto se ha «podido fallar» a la hora de dotar de medidas como una orden de alejamiento que la madre urgió.

El delegado del Gobierno hizo autocrítica y reconoció que el Pacto contra la Violencia de Género debe desarrollarse de manera «más efectiva» porque «cuenta con poca dotación y poca revisión» de los sistemas que se aplican. Además, reconoció que a la Administración le falta agilidad y rapidez.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, también entonó el 'mea culpa'. «Cuando hay una muerte falla algo», expuso sin concretar qué, aunque matizó que la seguridad total «no existe». El presidente de la Generalitat, en la misma línea, eligió la palabra «fracaso» para referirse a los fallecimientos de víctimas como las dos pequeñas.

En cuanto al proceso judicial con las dos causas archivadas contra Ricardo C. G., el homicida, hay un punto que llama la atención. La Fiscalía de Castellón cambió dos veces su posicionamiento cuando la madre de las niñas solicitaba protección por un presunto delito de amenazas verbales que, finalmente, no llegó a probarse.

Fue el 24 de febrero, días después de su acuerdo de separación. Tras discutir en el intercambio de las menores, refirió ante el juez de guardia unas amenazas del año anterior por parte de Ricardo y pidió la suspensión del régimen de visitas de las niñas para que estuvieran con ella todo el tiempo. El fiscal se opuso al entender que dicho régimen lo habían fijado hacía sólo unos días y, además, de mutuo acuerdo. En base al informe de la Fiscalía, la valoración baja de riesgo del sospechoso y que las supuestas amenazas databan de julio de 2017, el juez decidió no conceder esa protección al no apreciar riesgo para las niñas.

Cuando el caso acabó en el juzgado especializado, el de violencia de género, la Fiscalía sí pidió la orden de alejamiento que la madre deseaba: prohibición de acercarse a menos de 250 metros de las niñas, su casa y su trabajo. Pero la jueza no la concedió al entender que había versiones contradictorias sobre los hechos, que él no tenía antecedentes, que su riesgo era bajo en la evaluación policial y que su temor no era compatible con haberse ido a vivir a la misma calle del sospechoso.

Entonces, la mujer insistió. Recurrió la denegación de protección. Y aquí, nuevo giro. La Fiscalía de Castellón ya no la apoyó. Hasta en dos ocasiones, el 23 de marzo y el 24 de mayo, el fiscal impugnó el recurso de la mujer al entender que la decisión judicial era «ajustada a Derecho». Y la madre ya desistió.

El procedimiento por las amenazas siguió su curso. La mujer llegó a presentar una grabación, pero el juzgado apreció que de las voces no se desprendía tal delito, sólo una disputa de pareja. En este momento tampoco la Fiscalía estuvo a favor de la madre y el 8 de mayo pidió el archivo «al no resultar acreditada infracción penal alguna de violencia de género». La jueza lo trasladó al abogado de la mujer y acabó adhiriéndose a esta petición. Sin nadie que acuse, ni fiscal ni víctima, la juez dio carpetazo al asunto de las supuestas amenazas.

Según Susana Gisbert, fiscal de violencia contra la mujer en Valencia, los cambios de postura de la acusación «podrían guardar relación con el grado de especialización de los fiscales». La fiscal de sala de Violencia sobre la Mujer del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, exigió que jueces y fiscales estén asesorados por unidades de valoración forense con expertos que sepan «leer entre líneas y ver realmente cuál es el riesgo y la peligrosidad que existe». La magistrada de la Audiencia de Pamplona y coordinadora de Juezas y Jueces para la democracia coincide: «Necesitamos expertos que afinen en los diagnósticos de peligrosidad y en las medidas protectoras que en cada caso se requieran».