Las alarmas por los pinchazos se desbocan en la Comunitat

Las alertas relacionadas con el oscuro fenómeno de los pinchazos en zonas de ocio de la Comunitat siguen sumando denuncias. Fuentes de Delegación del Gobierno han elevado a siete las denuncias presentadas hasta el mediodía de este jueves 4 de agosto y correspondientes a las últimas 48 horas.

Según los datos del organismo gubernamental, el nuevo caso analizado se ubica en la provincia de Valencia y se sumaría a los ya conocidos en municipios de la provincia de Castellón y en Xátiva. En concreto, y según fuentes policiales, esta séptima denuncia en la lista de las conocidas por las fuerzas de seguridad se ubica en Gandia.

Las víctimas son, en esta ocasión, una pareja que acudió a comisaría para relatar una supuesta agresión ocurrida en la madrugada del martes en un local de ocio de la población. Presentaban unos hematomas y decían que no sabían si se habían producido por pinchazos o de otro modo. El caso, al igual que otro parecido, está siendo investigado por la Policía Nacional. Pero de momento no hay arrestos ni se ha podido corroborar la existencia de una agresión.

Además del recuento de denuncias trazado por la Delegación del Gobierno tras el estallido de esta práctica, la Conselleria de Sanidad confirmó este jueves a Europa Press que tres chicas han sido atendidas en un centro hospitalario tras afirmar haber sentido un pinchazo mientras se encontraban en el festival Arenal Sound en Burriana.

La Generalitat ignora si estos casos han acabado en denuncia. El Consejo General de Colegios de Enfermería (CGE) de España cifra en más de 50 las denuncias de mujeres que afirman haber recibido pinchazos. Y según alerta, «las drogas ilegales inoculadas suponen graves riesgos para la salud. Inhibición de la voluntad, incapacidad para defenderse o tomar decisiones, caída de la presión arterial o pérdida de la consciencia son algunos de los síntomas».

Los profesionales sanitarios instan al Gobierno a endurecer las penas para los agresores y a crear acciones de vigilancia y prevención por parte de Policía y Guardia Civil. El presidente del consejo es Florentino Pérez Raya: «Estas prácticas atentan contra los derechos de la mujer, son ilícitas y, ante el auge de denuncias deberían ser tipificadas específicamente por ley», reclama.

Según los profesionales, las primeras investigaciones han detectado que estos pinchazos «podrían inyectar sustancias ilegales sin control sanitario alguno, como el éxtasis líquido, la ketamina o benzodiacepinas». Tal y como detallan, «producen una reacción inmediata en la víctima de pérdida de control y, por tanto, facilidad para el abuso por parte del agresor». Los efectos «son intensos», pero estas drogas «permanecen poco tiempo en el organismo y detectarlas es complicado si no se actúa con rapidez».

Los efectos, añaden, «son bastante inmediatos, y si se tiene sensación de pinchazo hay que advertirlo rápidamente a gente de confianza para que puedan vigilar si se produce sedación o pérdida de control».

Además, antes de que actúe la sustancia, «es importante contar si se ha visto a alguien que pudiera sospechoso» de la agresión, profundiza Diego Ayuso, secretario general del consejo. «Muchas veces, cuando la víctima llega a los servicios hospitalarios, la sustancia ya no se detecta en los análisis», agregan.

Se suma el riesgo de que las sustancias inoculadas 'a traición' se mezclen con otras consumidas voluntariamente, lo que podría suponer «una mezcla de drogas con mayor riesgo de intoxicación». Los sanitarios temen, además, que se estén utilizando agujas fuera del entorno sanitario, «posiblemente no desinfectadas o usadas con otras personas».

Dependiendo del estado del material que se está utilizando, detallan, «la víctima podría llegar a estar expuesta a virus como el VIH o la hepatitis.La situación produce «absoluto terror» al consejo. Es «inconcebible, ya sea para llevar a cabo un abuso posterior o, simplemente, para asustar a mujeres». Por eso urgen «protocolos para ayudar a las víctimas y condenar a los atacantes». Y así lo expresan: «En un país civilizado y plural como España no podemos tolerar estos comportamientos», zanja Pérez Raya.

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