La madre de Marta calvo se emociona ante los medios de comunicación esta tarde, a las puertas del Congreso de los Diputados. EFE
La madre de Marta Calvo: «Hago esto por mi hija y por todas»
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Marisol Burón pide al Congreso que ocultar un cadáver sea delito | Ruega en una carta a los diputados que no le dejen sola ante «asesinos que mienten de forma despiadada y nos martirizan»
Mañana se cumplen dos años de la desaparición de Marta Calvo y el de ayer puede ser un día clave en la historia del Derecho Penal. El germen de un cambio que parece de sentido común: que ocultar o descuartizar un cadáver sea un gravísimo delito con consecuencias muy serias, al margen de si el autor ha matado o no. Es la iniciativa legislativa popular (IPL) que ha presentado esta tarde en el Congreso de los Diputados la madre de la joven, Marisol Burón, arropada por otros padres que han sufrido el mismo o parecido infierno, el de la joven Diana Quer y el de Marta del Castillo. También cuenta con el apoyo de la Asociación Clara Campoamor.
En una carta se dirige y a los diputados de la Cámara Baja y les pide su «apoyo» en este «trámite tan doloroso». Ruega que «no» la «dejen sola». Así arranca Burón su misiva: «Me dirijo a ustedes para comunicarles que, hace dos años, mi hija Marta, de 25 años, desapareció, me fue arrebatada, la arrancaron de mi lado sin piedad y nunca más la he vuelto a ver. Su asesino, me van a permitir que elimine el 'presunto', reconoció haberla descuartizado pero mintió sobre dónde estaba el cuerpo de Marta», explica en la misiva.
Según señala, lleva dos años sin saber qué ocurrió con su hija o dónde está. Sin poder empezar un duelo, «enloqueciendo por no tener un lugar al que ir a rezar y hablar» con ella.
Marisol Burón destaca «la magnífica labor de la Guardia Civil». Ellos «la siguen buscando sin descanso en vertederos, pozos y canteras». Pero califica su dolor como «inmenso». ¿Qué le mueve? «Hago esto por Marta y por todas y todos los que siguen sin aparecer porque sus asesinos mienten y, de forma despiadada, nos martirizan. Para intentar evitar que en el futuro pueda haber otra Marta más», subraya.
Y es que la historia criminal española está salpicada de casos como el de Marta, en los que la ocultación o destrucción de los cuerpos impide avanzar investigaciones o incriminar a los autores en delitos como el homicidio o la agresión sexual. Con el dolor añadido que entraña para las familias de esas víctimas. Sin cuerpo no hay prueba, no hay delito y portazo a la culpabilidad. Únicamente el delito de profanación de cadáver, en el artículo 526 del Código Penal, contempla penas que no superan los cinco meses de prisión y que, obviamente, son insuficientes para quienes tienen que lidiar con semejante atrocidad en sus seres queridos.
«Yo no la maté. Me acosté con ella y por la mañana la encontré muerta. Como me asusté por las consecuencias la descuarticé y repartí sus restos por contenedores». Esta es, a grandes rasgos, la versión del presunto asesino de Marta Calvo, Jorge Ignacio P. J., también investigado por muertes calcadas de otras dos mujeres y por la tentativa de otras ocho. Un cambio legal permitiría que pagara cara su deleznable acción, al margen de si se le reconoce o no culpable de los asesinatos.
El ocultamiento de los cadáveres obliga a movilizar a decenas de agentes en costosísimos rastreos e inspecciones como los llevados a cabo desde hace más de un año en el caso de Marta: Manuel, el vertedero de Dos Aguas, Villanueva de Castelló, la Llosa de Ranes o Senyera. Y es que la Guardia Civil en ningún momento se ha fiado de la versión del sospechoso.
Como destaca la iniciativa legislativa, «nos encontramos ante dos situaciones antagónicas». Por un lado, el derecho del detenido a guardar silencio y no declarar el lugar en que se encuentra el cadáver y, por otro, el de las víctimas a su integridad moral, a dar el último adiós a su ser querido y evitar «la permanente tortura que supone ignorar su ubicación».
Lo que ayer se propuso fue la tipificación del delito de ocultación de cadáver «cuando el autor de los hechos se niega a colaborar o comunicar la ubicación y pueda probarse su autoría» por otros medios incriminatorios que desmonten la presunción de inocencia. La pena planteada es de entre seis y diez años de cárcel, como un delito autónomo. Y sin perjuicio de la condena que pudiera imponerse al autor por el delito homicida en cada caso concreto.
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