El día en que Marta Calvo puede cambiar la ley

Y es que la historia criminal española está salpicada de dolorosos casos como el de Marta, en los que la ocultación o destrucción de los cuerpos impide avanzar investigaciones o incriminar a los autores en delitos como el homicidio o la agresión sexual. Con el dolor añadido que entraña para las familias de esas víctimas. Sin cuerpo no hay prueba, no hay delito y portazo a la culpabilidad. Únicamente el delito de profanación de cadáver, en el artículo 526 del Código Penal, contempla penas que no superan los cinco meses de prisión y que, obviamente, son insuficientes para quienes tienen que lidiar con semejante atrocidad en sus seres queridos.

«Yo no la maté. Me cité con ella, consumimos alcohol y cocaína, se murió en la cama y por la mañana la encontré muerta. Como me asusté por las consecuencias decidí descuartizarla en el cuarto de baño y repartir sus restos por contenedores». Esta es, a grandes rasgos, la versión del presunto asesino de Marta Calvo, Jorge Ignacio P. J., también acusado por muertes calcadas de otras dos mujeres y por la tentativa de otras ocho. Un cambio legal permitiría, sólo con esta confesión, que pagara cara su deleznable acción con Marta en caso de condena, al margen de si se le reconoce o no culpable de los asesinatos en el momento del juicio.

El coste del rastreo

Cabe recordar que el ocultamiento de los cadáveres obliga a movilizar a decenas de agentes a costosísimos rastreos e inspecciones como los llevados a cabo desde hace más de un año en el caso de Marta Calvo: Manuel, el vertedero de Dos Aguas, Villanueva de Castelló, la Llosa de Ranes o Senyera. Y es que la Guardia Civil en ningún momento se ha fiado de la versión del sospechoso.

Y, por todo ello, Burón está hoy el Congreso. Para que la voz de muchos ciudadanos que piensan como ella, ajenos o no a casos criminales, sea escuchada por los legisladores acompañada de una campaña de firmas y donativos que se inicia paralelamente: 'Marta Calvo Burón. ¿Mis derechos dónde están'. Cualquiera puede apoyar la iniciativa a través de este enlace: http://www.pormartacalvoburon.com

Según razona la iniciativa legislativa que hoy se presenta, la intención del homicida al ocultar el cadáver es, obviamente, obstaculizar las investigaciones policiales. Puede destruir el cuerpo de la víctima con productos químicos, fuego o descuartizamiento o bien ocultarlo en un lugar donde no pueda ser hallado. Sin embargo, lamenta la plataforma y sustenta Burón, «cuando el homicida no colabora y se niega a indicar el lugar, las consecuencias legales del crimen serán bien distintas».

Además, los derechos del detenido le permiten guardar silencio, negarse a prestar declaración o contestar solamente a algunas de las preguntas que se le formulan, incluyendo el derecho de no confesarse culpable y no declarar contra sí mismo.

¿Y los derechos de la víctima?

Pero el Estatuto de la Víctima del delito marca muy claramente la obligación que tienen los poderes públicos de «ofrecer una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas». Y no únicamente reparadora del daño en el proceso penal, «sino también minimizando otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar».

El concepto de víctima es «absolutamente amplio». Por cualquier delito «y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya causado, incluyendo tanto a la víctima directa como a las indirectas». El cónyuge, la pareja, los hijos, los progenitores...

Como destaca la iniciativa legislativa, «nos encontramos ante dos situaciones antagónicas». Por un lado, el derecho del detenido a guardar silencio y no declarar el lugar en que se encuentra el cadáver y, por otro, el derecho de las víctimas a su integridad moral, a dar el último adiós a su ser querido para evitar «la permanente tortura que supone ignorar su ubicación».

Lo que propone la madre de Marta es la tipificación del delito de ocultación de cadáver «cuando el autor de los hechos se niega a colaborar o comunicar la ubicación y pueda probarse su autoría» por otros medios incriminatorios que desmonten la presunción de inocencia de la que goza el investigado.

La extensión de la pena propuesta es de entre seis y diez años de cárcel, como un delito autónomo y sin perjuicio de la condena que pudiera imponerse al autor por el delito homicida en cada caso concreto. De este modo, alguien que ha ocultado un cuerpo pagaría por su deleznable acción incluso en el supuesto de ser declarado inocente del delito de homicidio.

«La desaparición de mi hija ha roto la vida de todos aquellos que formábamos parte de la suya». Así resume Marisol Burón sus sentimientos y lo que le mueve a impulsar un cambio legislativo que parece de sentido común. Su intención, resalta, no es otra que «cambiar las cosas para que el peso de la Ley caiga sobre los culpables». La progenitora de la víctima apela a la colaboración de todas las personas «para dar voz a nuestra plataforma y conseguir que nuestra ILP llegue a ser votada en el Pleno del Congreso de los Diputados».