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La Audiencia de Valencia ha condenado a 22 años y medio de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento al hombre acusado de matar a su novia en un ático de la calle Conde Altea de Valencia. El tribunal aprecia además la agravante por discriminación de género en Alberto L.
La Sala establece el pago de una indemnización de 77.777 euros para la madre de Cristina, la fallecida, y de 22.222 euros para su hermana por los daños morales. Esta es la indemnización que solicitaba la acusación particular. Pero todo el dinero del mundo no hará que Cristina a casa, aunque al menos aquellos que la conocían pueden estar más tranquilos sabiendo que el hombre que le arrebató la vida no verá la luz del sol durante mucho tiempo.
La sentencia, dictada después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad, no aprecia la atenuante de obcecación, como solicitaba la defensa del condenado, puesto que los miembros del jurado no consideraron probados los hechos requeridos para su concurrencia.
En su sentencia, el Presidente del Tribunal también descarta la atenuante de confesión porque, de acuerdo con el criterio del jurado, «el acusado no confesó los hechos en el momento en que dicha confesión podía ser relevante (…) y podía evitar la angustia o incertidumbre de los familiares de la víctima». Así, «cuando admitió los hechos, lo hizo con la idea de poder obtener algún beneficio», precisa.
De nada sirvió la historia con la que Alberto L. trató de convencer al Tribunal del Jurado. A pesar de que repitiera en mil y una ocasiones que estaba «fuera de sí», su defensa se iba cayendo a medida que avanzaban las vistas del juicio. También cambió de versión. En un primer momento, dijo que había matado a Cristina porque tenía miedo de que lo dejara por no ser «suficientemente bueno para ella».
Luego se retractó. Quería evitar la agravante de violencia de género que pedía la acusación particular. Así que cuando declaró en la sala del Tribunal del Jurado en la Ciudad de la Justicia de Valencia frente la atenta mirada de los familiares y amigos de la víctima se acogió a una súbita amnesia. Un lujo que no podía permitirse porque antes de esta declaración ya había detallado cómo había le había arrebatado la vida a la joven de 30 años. Una mujer con toda la vida por delante y con un futuro prometedor.
Alberto L. sabía cómo articular su defensa. Antes de desenmascararse como un asesino despiadado era abogado y profesor de Derecho y de Criminología en la Universidad de Valencia. Pero ni su formación académica ha sido suficiente para que se librara del veredicto de culpabilidad.
Todas las pruebas estaban en su contra. El cuerpo sin vida de Cristina estaba en su piso de la calle Conde Altea. También, los tres cuchillos de cocina y las tijeras que empleó para asesinarla. Desde el primer momento, Alberto L. fue el único sospechoso. Y él no lo negó. Quiso justificarse en una «fobia de impulsión» que hizo que fuera imposible que tuviera el control de sus actos. Falso. Ya lo dijeron los psiquiatras forenses: el asesino era plenamente consciente de lo que hacía.
Sin embargo, en lugar de condenarlo a los 25 años de prisión que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular, la pena se ha quedado en 22 años y medio de cárcel. El Tribunal tampoco contempla en su sentencia imponer un régimen de libertad vigilada al asesino una vez cumpla con la totalidad de su condena, a pesar de que la Fiscalía solicitaba 8 años de libertad vigilada y la acusación particular 10.
Ante estas peticiones, el Presidente del Tribunal ha considerado que dado a que se trata de una condena muy larga no es necesario imponer después el régimen de libertad. La sentencia todavía se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Alberto L. aumentó deliberadamente el dolor de Cristina B. No sólo quería matarla, si no que se encargó de que sufriera lo máximo posible asestándole decenas de puñaladas y asfixiándola. Así lo contempla la sentencia, que determina que el condenado mató a la víctima de una manera «despiadada, cruel e inhumana». Ni el Tribunal del Jurado como el Presidente del Tribunal han dudado de la culpabilidad del acusado. Y, lo más importante y como destacaron todos los psiquiatras forenses que examinaron al condenado, también han estado convencidos de que Alberto L. sabía perfectamente lo que hacía cuando asesinó a Cristina.
Era la madrugada del 3 de diciembre de 2021. Cristina B. dormía en la casa de su pareja Alberto L. en la calle Conde Altea de Valencia. Llevaban saliendo apenas dos meses, pero ella ya se sentía agobiada por la relación como les confesó a su hermana y a sus amigas. Aquel abogado y profesor de Derecho, aparentemente normal, se descubrió como un asesino despiadado. Fue a la habitación y la golpeó en la cabeza con una roca. Ella se defendió con uñas y dientes, mientras aquel hombre le asestaba puñalada tras puñalada hasta arrebatarle la vida de una manera «despiadada, cruel e inhumana» como contempla la sentencia que lo condena a 22 años y medio por el delito de asesinato.
Él saltó desde aquel séptimo piso. Cayó en el restaurante de abajo de su casa. Cuando la Policía lo encontró, dijo que estaba ahí porque iba a robar. Falso. No trataron en encontrar el cuerpo sin vida de Cristina B., una joven muy querida con una ausencia que no pasa desapercibida. Sus familiares movieron cielo y tierra para encontrarla, hasta que se dieron de bruces con la abominación que había hecho el que era su pareja. Un crimen atroz que conmovió a Valencia. Unos días después de su fallecimiento, la ciudad se llenó de rosas blancas en honor de la joven. Casi tres años después, por fin hay una sentencia que hará que su asesino no vuelva a ver la luz del sol en mucho tiempo.
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