Víctimas critican «fallos» al evaluar el riesgo de los maltratadores

Una mayor utilización de los recursos disponibles, más implicación y empatía con las víctimas, así como valoraciones más certeras y cautas ante las denuncias de malos tratos. En especial cuando hay menores de por medio. Estas son las principales críticas que asociaciones de víctimas consultadas por LAS PROVINCIAS elevan tras el caso del niño de 11 años asesinado por su padre en Sueca para hacer el mayor daño posible a su expareja.

Chelo Álvarez es la psicóloga al frente de la Asociación Alanna. «La justicia, a día de hoy, no nos protege en general», resume. Por un lado, incide, «no contamos con una Fiscalía que nos apoye, en muchas ocasiones». En otras, se queja, «los jueces no utilizan las herramientas que tienen en su mano».

Según destaca, «tenemos el Instituto de Medicina Legal, pero no nos derivan para valorar el riesgo». Por otra parte, ahonda, «en el caso de que la víctima tenga hija e hijos, tampoco se les protege. A pesar de tener sendas leyes que supuestamente nos deben proteger».

A día de hoy, describe, «no se están dictando órdenes de protección para con nuestras criaturas» y en ello «también tiene mucho que ver la valoración del riesgo que nos hacen al interponer una denuncia». Según su experiencia, las víctimas carecen, en general, «de una defensa pública verdaderamente preparada e implicada».

La impresión de Álvarez es que la judicatura «sigue sin estar sensibilizada con nosotras y las actuaciones realizadas no aprecian el riesgo real». Y la violencia vicaria, lamenta, «ni siquiera es tomada en cuenta». Según describe, cuando se producen avisos por parte de las madres «poco menos que se les resta importancia». A veces son «aspectos tan sutiles como devolver a las criaturas sin duchar, sin lavar su ropa o sin hacer los deberes. Esto también es violencia vicaria que puede ir creciendo». En definitiva, «no nos sentimos respaldadas».

Cita Chelo cita el ejemplo de una mujer valenciana que recientemente denunció un caso de violencia por parte de su pareja. «Hubo un juicio rápido y se determinó riesgo bajo del agresor. Ella pidió que se protegiera a sus tres hijos, pero el juez no apreció peligro». La víctima, detalla, «ha acabado con una orden de protección de 300 metros, pero los niños sin ninguna», destaca. «Y eso que no quieren ver a su padre y le tienen miedo, pero se les desoye». Los niños se citan en un punto de encuentro familiar «y las intervenciones allí consisten en que vean a su padre como bueno».

Mayte Lafuente es la voz de Amigas Supervivientes, otra asociación de víctimas valencianas. «Falla la comunicación entre juzgados. Se podría solucionar de mil maneras. Se tienen que tener en cuenta todos los historiales y antecedentes para tomar decisiones. Si en otros ámbitos se cruzan datos, aquí, que está en juego la vida de los niños, con más motivo».

Además, «hay leyes que no se cumplen y hay maltratadores que siguen viendo a sus hijos, no se están suspendiendo esas visitas», denuncia. Y «esto hace que las mujeres sigan teniendo miedo a denunciar». También falla, a su entender, «el apoyo a las víctimas, tanto a nivel social como administrativo, económico, laboral…». Todo, «para que no se sientan solas».

Para Lafuente, «se podrían solucionar muchas cosas con voluntad». Otra de las claves es «dar más facilidades a las víctimas para que encuentren un trabajo y una casa y continúen con sus vidas y que además ese empleo le permita una conciliación en caso de que haya hijos o hijas». En definitiva, acabar con el lastre de la dependencia económica.

Mayte recuerda con indignación el caso de una compañera. «Denunció a su maltratador y, mientras, se resolvía la separación sin ninguna medida cautelar por el niño. El hombre seguía teniendo a su hijo porque no se había tenido en cuenta que estaba denunciado». Los casos de familia y malos tratos «deben estar relacionados y no aislados». Y luego, en el juzgado, «dieron más valor al testimonio de vecinos que a los informes psicológicos que ella aportó».

La Asociación Alma Contra la Violencia de Género también lucha contra la lacra a nivel nacional. Su secretario general, Gregorio Gómez Mata, destaca estas carencias. «Lo que falta en el sistema judicial es concienciación. La formación que tiene un juez o un abogado es en leyes pero muchas veces no saben identificar ese otro problema que es el maltrato psicológico». Se refiere al que viene «con un gesto, una palabra, una mirada…». Ese «es el primer fallo y primordial».

En la asociación Alma destacan, por ejemplo, el caso de una denuncia de una mujer por abuso a dos menores por parte de su expareja. «Después de ocho meses estamos esperando todavía que la Fiscalía se pronuncie o se tome alguna medida de protección hacia ella y sus hijas… y aquí no hace nada nadie».

Según Gómez Mata, hace poco, en Extremadura, «sancionaron a una jueza con 45 días de suspensión de empleo y sueldo por permitir que una mujer tuviera que entregar sus dos hijas a un maltratador».

El sistema judicial «falla mucho». La concienciación respecto al maltrato «debe extenderse «no sólo a jueces, fiscales y abogados, sino también a todo el personal del funcionariado». Gregorio asegura haber escuchado a la funcionaria de un juzgado aquello de «otra más que viene a sacar las perras al marido cuando a la mujer le estaba dando un ataque de ansiedad tras cruzarse con él en el pasillo».

Además, «faltan recursos para todos los agentes que trabajan con las víctimas». En general, «todo lo relacionado con mujer y educación suele estar en el cajón desastre». Y pone otro ejemplo: «Aquí, en Badajoz, cada policía asignado a protección lleva a más de 90 mujeres ¿Cómo se van a atender bien así? Es materialmente imposible».

¿Cómo mejorar? «Lo primero es atender bien a las víctimas y formar a la sociedad para que el maltrato no se repita». Alma trabaja con dispositivos camuflados para aquellas mujeres que no se han decidido a denunciar y convive aún con el maltratador. Permite que en caso de riesgo se active y permita su localización grabando automáticamente el audio de lo que está sucediendo para que le llegue a los cuerpos de seguridad y valga como prueba. Con todo, «hay que ayudar a las mujeres a que den el paso de la denuncia, pues muchas aún no saben identificar que son víctimas». Y, por supuesto, «que la igualdad siempre esté presente en la educación, en los colegios, en las carreras universitarias.»

Carmen Benito es la voz de Mujeres Unidas Contra el Maltrato (MUM), radicada en Madrid. Desde su punto de vista, el fallo esencial del sistema es el de la «comunicación y coordinación». Los servicios sociales, destaca, «funcionan algo mejor», pero «en el mundo judicial hay mucho que mejorar en esto»

Y coincide con las otras entidades: «Las valoraciones de riesgo a veces fallan y son incomprensibles». Según Benito, «no sólo hay que escuchar al sospechoso porque algunos ocultan muy bien su maldad, hay que atender a los hijos, a las víctimas, al resto de personas que le conocen».

Cita el ejemplo de una mujer a la que le han retirado la protección porque el maltratador «dice que ya está tranquilo». Esto, lamenta, «no debería ser así cuando hay un precedente». También alerta sobre la «peor protección a las víctimas en los pueblos», donde la presencia policial es menor y las distancias, en caso de emergencia, mucho más difíciles de salvar.

Benito cree que tras una agresión machista juzgada, «los hijos ya no deberían ver al agresor en ningún caso, ni siquiera en puntos de encuentro, donde, en la mayoría de ocasiones, van obligados y sin nigún ánimo de ver a su padre».

• Temas
• Sueca
• Violencia de género en la Comunitat Valenciana