El colapso de licencias obliga al Ayuntamiento a reforzar el personal

El Ayuntamiento tiene previsto aprobar hoy en la junta de gobierno un plan de inspecciones de obras y actividades con el propósito de agilizar las licencias, reducir las pendientes y asumir las nuevas modalidades de declaraciones responsables, hasta 19 distintas, que permiten a los propietarios ejecutar los proyectos antes del permiso definitivo. Como publicó este periódico, algo más de 3.000 expedientes que afectan a negocios se encuentran en distintas fases de tramitación con los particulares.

Con carácter prioritario, apunta el documento, se revisarán las instalaciones con afluencia de público comprobando el cumplimiento estricto del Código de la Edificación y de sus documentos básicos de discotecas, pubs y, en general, aquellos locales con riesgo de incendio y dificultades de evacuación. Para hacer frente a este incremento en la carga de trabajo, se apunta que habrá un aumento de personal en el servicio de Actividades.

De igual modo, se actuará con carácter de urgencia en establecimientos y actividades con aparatos de música que produzcan molestias a los vecinos, en especial los que tengan horario nocturno. Sobre los sectores terciario e industrial, deberán ser revisadas aquellas actividades en el casco urbano con riesgo ambiental, en especial las gasolineras.

Además de las inspecciones sobre las actividades en funcionamiento, por el Servicio de Inspección se tramitarán las denuncias presentadas por particulares a establecimientos públicos, así como los expedientes abiertos por otras concejalías. A solicitud de la Delegación de Espacio Público se aumentará personal para «llevar a eficaz término lo dispuesto en el presente acuerdo, reasignando los funcionarios que sean precisos, determinando y proveyendo las figuras profesionales».

Entre los motivos de poner en marcha este plan se habla de la «decidida apuesta de la Unión Europea por agilizar actividades, que ha tenido como consecuencia la modificación de las normas y la mutación de control administrativo desde el modelo clásico, que hacía hincapié en la comprobación previa, a un paradigma donde el esfuerzo se concentra en la exigencia del cumplimiento efectivo en la realidad».

Es la llamada declaración responsable, donde los afectados presentan una solicitud, inician las obras y luego esperan a la inspección de los técnicos municipales, que avalan el proyecto ejecutado u obligan a realizar modificaciones.

Les Corts aprobó hace escasas fechas la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, en la que se establecen hasta 19 supuestos cuyo título exige, en principio, la mera presentación de una declaración de este tipo. «Para llevar a cabo esta actividad de control centrada en la ejecución de obras con incidencia urbanística y patrimonial, resulta imprescindible una acentuación del control a posteriori», se apunta.

Esto significa que los titulares de negocio que presentaron un compromiso de cumplir los requisitos aceptan dicho control, de tal manera que la «agilización que se produjo pase a ser exigida por los servicios. No sería aceptable que la presentación de una documentación se convirtiera en un derecho a funcionar por debajo de los estándares exigidos por el ordenamiento jurídico», insistiendo en la necesidad de inspeccionar los locales de ocio, dado que producen más molestias.