Las multas al botellón llegarán este año a Valencia con hasta 750 euros

El borrador fue presentado en el otoño de 2021 por el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, aunque fuentes del grupo socialista señalaron que se han producido bastantes cambios para ajustar los artículos de la ordenanza al resto de legislación. Ahora se encuentra en el servicio jurídico, de donde pasará a la junta de gobierno y el pleno.

La novedad más importante respecto a la cobertura legal que dispone ahora la Policía Local es que no se multará el consumo de alcohol en la calle, sino otros elementos como el ruido o la alteración del orden público. El motivo es, explicó Gómez, la enorme dificultad para tramitar la sanción. «Hay que hacer hasta pruebas de laboratorio para comprobar que el contenido del vaso o la botella es alcohol», recordó.

En su lugar, la ordenanza de civismo prevé multas por ruido o alteración del orden público, con lo que facilita el trabajo policial. «Ataja distintos problemas de convivencia de la ciudad, pero hay uno que destaca por encima de los demás y es que en determinados barrios próximos a las universidades tienen problemas vinculados con el ocio nocturno y que afectan a su descanso. El derecho al descanso debería ser casi fundamental porque afecta a la salud, mental, emocional y física», aseguró.

En su opinión, es importante que «seamos responsables y si no lo somos, que haya instrumentos que permitan actuar a la Policía. Con la ordenanza de convivencia vamos a atajar por primera vez el botellón, a través de multar la concentración de gente en la calle a determinadas horas que alteran el orden público, que chillan», dijo. La ordenanza actual sí que marca una serie de excepciones con el calendario festivo, como es el caso de las Fallas o la Noche de San Juan, por citar dos ejemplos, donde se permite el consumo de alcohol en la calle.

«Hasta ahora es difícil porque no había instrumentos básicos que nos permitieran hacerlo de la forma más idónea. Con la ordenanza queremos atajar ese fenómeno», subrayó. Lanzó críticas veladas a la normativa aprobada por el gobierno municipal del PP. «No estuvieron acertados, se sancionaba el consumo de alcohol y el policía tenía que ir con pruebas para ver el contenido, con situaciones absurdas e inaplicables». Comentó que las sanciones serán cuando a «determinadas horas en espacios residenciales, se generen problemas de convivencia, de alteración de orden público». La normativa debe pasar el periodo de alegaciones.

La iniciativa coincide con un conflicto abierto a tres bandas entre vecinos, Ayuntamiento y hosteleros por la reducción de terrazas en el centro histórico y la plaza Honduras. Sólo en este último emplazamiento, los empresarios aseguran que la medida afectará a 72 locales, por lo que han convocado este lunes a las 11 horas en la puerta de Tabacalera una protesta para que no entre en vigor el acuerdo municipal.

La decisión del gobierno municipal afectará al entorno del Mercado Central y también a la plaza de la Reina, zonas reurbanizadas los últimos meses y donde ahora debe realizarse el marcado de las terrazas de bares.

Responde la medida a la presentación de una demanda por parte de la asociación de vecinos Plaza Honduras y la entidad de Ciudad Jardín, que tiene como propósito la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS), debido a que se sobrepasa el ruido nocturno con creces en base a la ordenanza de contaminación acústica. El gobierno municipal rechazó esta posibilidad, al aducir que en los últimos meses las mediciones han bajado.

Un escenario tan conflictivo como el de la plaza Honduras será el que se encuentre la nueva ordenanza de civismo. En los barrios del centro histórico el problema es similar, aunque más que la concentración de terrazas se trata de su colocación en lugares que las entidades vecinales ven inadecuada al dejar poco espacio a los viandantes. Tras la disolución del macrobotellón del campus de Tarongers, que finalmente se valló, este fenómeno se ha disgregado por todos los barrios con quejas por ruido y suciedad.