Hosteleros de plaza Honduras irán al juzgado por el recorte de terrazas

Es más, la idea era haberlo hecho ya, aunque no ha llegado a cuajar por la falta de resoluciones. La autorización de una terraza es anual y casi discrecional, por lo que entienden que ahí no hay motivo de alegación, aunque otra cosa es el procedimiento que se ha seguido con ellos.

Las mismas fuentes hablaron de que el gobierno municipal ha aludido a un «plan especial», aunque «no se ha hecho ningún estudio, no nos consta. Alegamos contra la decisión de recortar, pero no han respondido, lo que también es irregular. Por último, hoy no han entrado ninguna resolución cuando han venido».

Estos son algunos de los argumentos con los que esperan deshacer un recorte que se prolongará durante varios días. El primer local fue uno recayente a la avenida Blasco Ibáñez, en la esquina con Ramón Llull, donde la medición se realizó entre una sonora protesta de los empresarios, que han acompañado a los técnicos por las calles del barrio. Los funcionarios fueron acompañados por agentes de la Policía Local, aunque no se han producido incidentes.

Rual Martínez, propietario del restaurante, aseguró a LAS PROVINCIAS que en su caso la reducción ha sido de un 63%. «Aquí me quitan un 30 y detrás el cien por cien», dijo en referencia a la terraza que recae al otro lado de la finca». En cifras, pasa de 13 a cuatro mesas. «Con esta operación seguramente saldrán dos personas», auguró.

Otra de las críticas de los hosteleros han pasado porque ya han pagado la tasa de la autorización este año. «Mi hija recibió ayer la notificación y hoy han venido a recortarla», aseguró una de las vecinas que acudieron a la protesta. «En mi caso con recargo, a pesar de que sabían que se iba a recortar», subrayó Rual. «Los tres meses que faltan para acabar el año tendremos que pedir la devolución del dinero», se quejó.

En caso de no marcar la terraza, el Ayuntamiento abre un expediente. «Te quedas sin terraza automáticamente», indicó este afectado, mientras que fuentes de la plataforma de empresarios consideraron «inaudito» que sean los hosteleros los que deban asumir hasta el coste de la pintura.

Uno de los portavoces de la plataforma indicó que todo se está realizando «sin ningún papel, no entregan nada y hay reducciones de hasta el 90% de las terrazas. El único criterio que han contemplado es que deben reducirse por una orden política, no se ha mirado si arriba hay oficinas, viviendas o si las calles son estrechas. Por eso pedimos la dimisión de la concejala Lucía Beamud».

Esto fue desestimado por el alcalde Joan Ribó, quien indicó que la reordenación se debe a evitar la declaración de una zona acústicamente saturada (ZAS) y a promover el derecho al descanso de los vecinos reduciendo los ruidos nocturnos.

«En torno a cien empleos peligran cuando se acabe el recorte de las terrazas. Ese es el nefasto resultado para todos nosotros. Lo que no tenemos que hacer en esta ciudad, que vivimos del sector servicios, es llegar a esto sin soluciones consensuadas. El problema del ruido es de toda la ciudad, no pasa sólo en la plaza Honduras y alrededores aunque nos pongan como culpables», señalaron desde la asociación que aglutina a los hosteleros.