El botellón vuelve a 20 zonas de Valencia mientras la ordenanza lleva cuatro años paralizada

La clave para solucionar el botellón y dejar descansar a los vecinos de no pocas zonas de Valencia tiene nombre y apellidos: ordenanza de convivencia y civismo. Es una vieja conocida de funcionarios, políticos, periodistas y lectores, porque lleva desde verano de 2018 coleando sin que termine de aprobarse.

Primero fue Anaïs Menguzzato la concejala que la planteó, pero su texto tenía varias ideas demasiado novedosas para la Asesoría Jurídica Municipal, que no veía claro lo de multar a los padres por el comportamiento de los menores. La ordenanza de Menguzzato, realizada junto a la Cátedra de Protección Ciudadana de la Universitat de València, planteaba que fueran los padres quienes acudieran, junto a sus hijos, a cursos de reeducación.

El tiempo pasó, la ordenanza quedó en un cajón y nada de supo de ella durante varios años. El pasado año, el nuevo concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, presentó el borrador de la ordenanza. Se habían eliminado las sanciones a los padres, pero se añadían nuevos supuestos de aplicación para mejorar la convivencia: la nueva ordenanza prevé sancionar a quienes acosen a mujeres por la calle.

Este texto legal iba a pasar por el pleno para su aprobación definitiva «a la mayor brevedad posible» una vez hubiera completado el laberinto burocrático del Ayuntamiento: alegaciones de los distintos servicios municipales, periodo de exposición pública, informes de la Abogacía Municipal... aunque la previsión era que hubiera ido a votación en septiembre de 2021, eso no ha ocurrido. El motivo tiene que ver precisamente con el mismo departamento que paró la anterior ordenanza en 2018: los abogados del Consistorio.

En una respuesta remitida al concejal de Ciudadanos Narciso Estellés a comienzos de abril, la concejalía de Cano explicaba que no contaban con el informe de la Asesoría Jurídica porque la nueva ley de la infancia y la adolescencia obligaba a un nuevo informe específico en materia de familia e infancia. Fuentes del departamento de Protección Ciudadana han explicado este martes que están contestando a alegaciones de los distintos servicios y preparando «el informe final para Abogacía del Ayuntamiento, que es el último trámite antes de pasar por el pleno», algo que ocurrirá previsiblemente este año.

Mientras se termina de dilucidar el futuro de la norma, toca pasar revista a las promesas del Consistorio en lo referente a la lucha contra el botellón. La primera de ellas parece cumplida. En octubre de 2021, tras una cumbre en Alcaldía entre el primer edil, Joan Ribó, y Cano cuando la presión en la calle (Honduras y Cedro, sí, pero también Benimaclet se alzó en pie de guerra) fue insoportable, ambos dirigentes se comprometieron a aumentar la dotación en personal de UCOS Noche, el turno nocturno dedicado a la convivencia en la calle. Según confirman varios sindicatos policiales, este refuerzo se dio el pasado mes de febrero, cuando entraron al dispositivo 31 agentes, incluidos 22 del turno de movilidad.

La segunda parece más difícil de comprobar. Tras las protestas de los vecinos de zonas como Aragón, el Consistorio decidió poner manos a la obra y anunciar una campaña especial de vigilancia de locales en la zona. Se encargaría de ella la Policía Local, con el apoyo de la concejalía de Licencias. Según fuentes de este mismo departamento, estas visitas se han realizado, y han terminado con el precinto de «varios locales», sin especificar. Licencias los ha cerrado por problemas de ruido o de humos, según las mismas fuentes.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha lamentado que el alcalde «vive totalmente de espaldas al problema del botellón». «Ha tardado más de tres años en constituir el Observatorio del Ocio y Turismo, una herramienta que se suponía que iba a ser clave para la interlocución entre el Ayuntamiento y los vecinos de los barrios más afectados. Y por el momento tan solo tenemos constancia de una reunión, la del día de su inauguración», ha explicado el portavoz de la formación liberal.

«Tampoco tenemos lista la Ordenanza de Convivencia, que se suponía que iba a ser el marco jurídico con el que se iba a regular la existencia del botellón. Una herramienta que es necesaria para conocer las normas y reglas y, sobre todo, para poder apoyar la acción de los cuerpos de seguridad. Unos cuerpos de seguridad que, por cierto, tampoco cuentan con los efectivos ni medios necesarios como para hacer frente a un problema que va en auge en nuestra ciudad, especialmente de cara al verano», ha continuado Giner.

«En definitiva: Ribó ignora a los vecinos después de prometerles un foro de diálogo constante, no tiene preparadas las reglas del juego, ni tampoco ha dotado a la Policía Local de los medios y agentes necesarios para acabar de una vez por todas con el problema. Está claro que el alcalde no tiene un botellón debajo de su casa, porque entonces a lo mejor sí que mostraría un poco más de empatía y aceleraría más los trámites para garantizar el descanso de los valencianos y valencianas», ha concluido Giner.

Por su parte, el grupo municipal popular ha criticado la situación de la Policía Local, mermada por el retraso de las oposiciones, y la opacidad en el proceso de redacción de la ordenanza de convivencia. «Hemos tenido que acudir al Síndic de Greuges», ha explicado el concejal del PP Santiago Ballester.