Pese a la resistencia vecinal, y a la máxima que defiende el Ayuntamiento de que los cambios en movilidad siempre necesitan un tiempo de adaptación para, con el paso de los meses, terminar por asentarse entre los residentes, lo cierto es que las cámaras de Ciutat Vella continúan con una labor recaudatoria que ya ha permitido al Consistorio ingresar más de 2,2 millones de euros desde diciembre de 2021. Los dispositivos que controlan el acceso a la llamada Área de Prioridad Residencial (APR) de buena parte del norte de Ciutat Vella han multado en el mes de abril a más 100 personas el día. En concreto, se han impuesto 3.357 sanciones, un 8% más que en el mes de marzo (con las Fallas de por medio, claro). Ya son 133.174 sanciones desde que se pusieron en marcha las cámaras. En abril se recaudaron casi 169.000 euros, lo que eleva el total a más de 2,2 millones.
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Cada día las cinco cámaras de control de accesos a Ciutat Vella «cazan» a 111 conductores que se adentran en la APR sin tener la tarjeta. La multa es de 60 euros. Cada persona o negocio con una autorización puede, a su vez, autorizar a otros conductores para evitar la multa, pero ha de hacerlo a través de una aplicación móvil que suele fallar. Además, son 10 al mes, lo que se queda en nada para los comerciantes, que tienen que autorizar a los proveedores.
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La resistencia ha llegado incluso a colectivos tradicionalmente poco dados a meterse en determinadas cuestiones, como las comisiones falleras, han llegado a pedir al Consistorio que se replantee lo de las cámaras. Lo que han conseguido de la concejalía que dirige Grezzi es, como es habitual, la nada. Silencio administrativo. Las cámaras siguen en marcha y las multas crecen mes a mes.
La media de recaudación es de 5.500 euros al día, según los datos ofrecidos por el grupo municipal popular, que ha alertado de que la sangría de multas «no se frena»: «El Gobierno de Ribó y PSOE siguen sin escuchar a comerciantes, vecinos y falleros que han reclamado que se apaguen las cámaras para que cese el aluvión de multas».
La portavoz del PP, María José Catalá, ya ha anunciado que cuando sea alcaldesa de Valencia tras las elecciones de 2023 se apagarán las cámaras porque no se pueden realizar estas imposiciones sin consenso con quienes viven y trabajan en nuestro centro. Para la candidata del PP, la decisión de Movilidad «está convirtiendo Valencia en una ciudad fantasma».
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«Con estas cifras el Gobierno de Ribó y PSOE debe reflexionar pues las campañas informativas no han funcionado, dado que más de un 10% de las sanciones impuestas son a conductores que han sido multados más de una vez», explica Catalá. «Muchos vecinos no son conscientes de la limitación pues han aumentado las sanciones. Desde el PP pedimos menos multas y que se busquen alternativas al vehículo para la llegada al centro, pues la realidad es que hasta 15 líneas de la EMT han dejado de llegar al corazón de la ciudad con el perjuicio que esto supone para comerciantes y hosteleros», ha indicado Catalá.
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