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El humo que subía en volutas hacia la noche. El resplandor en la oscuridad de rescoldos que ardían en pisos destruidos. Las llamas que lamían ... las escaleras de los bomberos. Los gritos, los lloros, el olor. Ese olor. Campanar firmó la que parecía la página más trágica de la historia de Valencia en lo que llevamos de siglo XXI hace ahora un año. Aquel incendio desató todas las alarmas, también las de las administraciones, que se apresuraron a prometer distintas medidas para que algo así, que ya había pasado antes en Londres, no volviera a suceder. Pero desde entonces, poco o nada se ha hecho. El balance es descorazonador: ni censo (sí hay una encuesta elaborada por la Generalitat que arroja el dato de al menos nueve edificios en la Comunitat con fachada ventilada), ni comunidades de vecinos que hayan acudido al Ayuntamiento para pedirles descuento por cambiar los materiales de la fachada, ni planos entregados a los Bomberos del Consistorio.
No todo, por supuesto, se puede achacar a las administraciones. Pero cierto es que las lágrimas que lloró una ciudad en shock en aquellos días horribles no han servido de acicate para que se tomen medidas en serio. En marzo de 2024, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda promovió reuniones de la Comisión de Expertos sobre seguridad en edificios. En la segunda, se acordó diseñar una consulta técnica para obtener información estadística que permita avanzar en los trabajos iniciados en materia de seguridad. Sí se hizo esa encuesta, que arrojó unos datos preliminares.
Según explican desde Vicepresidencia, el sondeo, que tenía por objeto identificar y mapear los edificios de la Comunitat Valenciana en los que pueda ser recomendable un análisis más detallado de sus fachadas construidas entre los años 2000 y 2024 mediante fachada ventilada o sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico en el Exterior), desveló que había 25 edificios en los que se especificó la solución constructiva. Nueve tienen fachada ventilada y 11, sistema SATE. Posteriormente, una encuesta trasladada al Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Valencia para conocer situación de fachadas ventiladas en edificaciones de la provincia de Valencia arrojó el dato de que existían siete de uso residencial y cuatro de otros usos.
Además, los administradores de fincas, en las semanas siguientes al incendio, recibieron más de un centenar de consultas sobre la materia de protección contra incendios, para los que remiten la recomendación de inspección y revisión en caso de utilizar material similar al del edificio incendiado, según informan desde la Vicepresidencia. Fuentes de la Generalitat insisten en la necesidad de forzar una revisión de la normativa a nivel nacional porque fachadas ventiladas hay en toda España, no sólo en Valencia.
Cabe recordar que la Comisión de Expertos en materia de seguridad de edificios, creada por iniciativa de la Vicepresidencia, tomó como primera medida la puesta en marcha de un servicio de información con el objetivo de dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía y escuchar las recomendaciones y sugerencias de profesionales y técnicos. Así, en un mes, se recibieron una veintena de consultas, tanto de profesionales, particulares y administradores de fincas, que han versado, esencialmente, sobre consejos técnicos sobre sistemas de prevención y evacuación en elementos comunes, y seguridad de fachadas. Además, el Instituto Valenciano de la Edificación (IVIE) y el Colegio de Arquitectos, así como el Ayuntamiento de Valencia a través de los bomberos, acordaron colaborar para preparar este censo. Según confirman fuentes del colegio, este censo más profundo no se ha hecho.
Mientras, en el seno del Ayuntamiento, durante el pasado debate del estado de la ciudad en septiembre, la alcaldesa Catalá anunció dos grandes medidas. La primera era la obligación de las promotoras inmobiliarias de presentar un documento que recoja los datos básicos sobre los edificios tales como sus materiales o la cantidad de puntos de acceso para facilitar la respuesta de los servicios de emergencia en caso de que se produzca una tragedia. Ninguna lo ha hecho, según confirma el Consistorio.
La segunda gran medida era la modificación de las ordenanzas fiscales para bonificar un 95% el impuesto sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Con esta medida, se pretendía facilitar la reconversión de los inmuebles que tengan revestimientos con materiales similares a los calcinados en el incendio de Campanar. Pero se da la circunstancia de que ninguna comunidad de vecinos se ha acercado al Ayuntamiento interesándose por esta reducción del impuesto.
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